Bruselas, 22 mar – La Unión Europea incluyó este lunes en su lista de restricciones a cuatro funcionarios y una entidad chinos por «graves violaciones de derechos humanos» contra la minoría uigur, en sus primeras sanciones a Pekín desde la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989.
Este paso de la UE fue seguido por represalias de Pekín contra diez europeos, la mitad de ellos eurodiputados, y cuatro entidades, mientras que después, de forma coordinada, se sumaron Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá a las sanciones contra China, en una especie de ping-pong diplomático de incierto futuro.
SANCIONES EUROPEAS
La decisión de imponer medidas restrictivas contra cuatro altos funcionarios y una entidad china la tomaron los ministros de Exteriores de los Veintisiete reunidos por el alto representante para esta política en la UE, Josep Borrel, debido, entre otras cosas, a las «detenciones arbitrarias a gran escala» de uigures en Xinjiang.
Entre los cuatro sancionados figura el director de la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang desde enero de 2021 y vicepresidente del Gobierno Popular de la región autónoma Uygur de Xinjiang, Mingguo Chen, como «responsable de graves violaciones de los derechos humanos», en particular «las detenciones arbitrarias a gran escala y del trato degradante infligido a los uigures y personas de otras minorías étnicas musulmanas».
También está el que fuera secretario del comité de Asuntos Políticos y Jurídicos de Xinjiang Zhu Hailun, a quien se considera «arquitecto» del programa de vigilancia, detención y adoctrinamiento de los uigures; así como su sucesor, Wang Mingshan.
Completa la lista el secretario del Partido del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang (XPCC), una organización económica y paramilitar estatal, Wang Junzheng, y el Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang, encargo de aplicar todas las políticas del XPCC sobre seguridad, incluida la gestión de los centros de detención.
Estas sanciones, que conllevan congelación de bienes y activos de esas personas o entidad en la UE, así como la prohibición de entrar en territorio comunitario, se engloban dentro de un paquete más amplío de medidas restrictivas adoptado hoy contra once personas y cuatro entidades consideradas responsables de graves violaciones y abusos de los derechos humanos en China, Rusia, Corea del Norte, Libia, Sudan del Sur y Eritrea.
Así, en la lista también se incluyó a dos rusos por delitos, incluida la «tortura», contra personas LGBTI en Chechenia, a dos jefes de milicias libias buscados por masacres, a dos ministros norcoreanos y a un funcionario de Sudán del Sur, así como a cuatro entidades, incluida una de Eritrea, por «ejecuciones extrajudiciales».
De esta forma, los Veintisiete amplían a 19 su régimen de sanciones por violaciones de los derechos humanos, similar a la Ley Magnitsky de Estados Unidos, que la UE aplicó por primera vez a principios de este mes contra cuatro funcionarios rusos implicados en la condena al opositor Alexéi Navalni.
REPRESALIAS CHINAS
Como represalia, casi de forma simultánea, Pekín respondió de forma recíproca adoptando sanciones contra diez europeos, cinco de ellos diputados de la Eurocámara y cuatro entidades.
Los afectados no podrán viajar a la China continental ni a los territorios autónomos de Macao y Hong Kong. Las entidades no podrán desarrollar negocios ni actividades en suelo chino.
China advirtió de que la decisión de Bruselas «socava seriamente las relaciones» bilaterales, aseguró que está fundamentada en «mentiras», y avisó de que «si la UE no corrige su error, habrá más medidas».
Entre los sancionados por Pekín están los eurodiputados alemanes Reinhard Bütikofer y Michael Gahler, el francés Raphaëël Glucksmann, el búlgaro Ilhan Kyuchuk, la eslovaca Miriam Lexmann, los políticos neerlandés Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, el belga Samuel Cogolati y la lituana Dovile Sakaliene, así como el investigador alemán Adrian Zenz y el sueco Bjorn Jerden. Todos ellos muy críticos con China.
Las entidades en la lista negra china son la Fundación para la Alianza de las Democracias, el «think tank» alemán Merics, el Comité Político y de Seguridad del Consejo de la Unión Europea y el subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Borrell, por su parte, consideró «inaceptable» y «lamentable» la represalia de China y la acusó de hacer «la vista gorda» ante las preocupaciones «legítimas» sobre el respeto de los derechos humanos.
REFUERZO DE EEUU, REINO UNIDO Y CANADÁ
Como tercer acto, Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá no solo aplaudieron a la UE por usar por primera vez contra China la «poderosa» herramienta de las sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos, sino que se sumaron a las sanciones impuestas por Bruselas.
Para Londres, «trabajar juntos (en las sanciones) envía la señal más clara posible de que la comunidad internacional está unida en la condena de las violaciones de derechos humanos y en la necesidad de que Pekín termine sus prácticas discriminatorias y opresivas en la región.
