Bogotá, 29 marzo de 2021.- El Gobierno y la fuerza pública colombiana lanzaron este lunes una macroperación contra el reclutamiento de menores, con la que se desplegarán 2.200 policías de infancia e investigación criminal a cuatro zonas del país, donde aumentó este delito por parte de grupos armados.
«Nos hemos dado a la tarea de organizar la información judicial de los reclutadores de niños en Colombia y del uso de menores con fines ilícitos», anunció el director general de la Policía, general Jorge Luis Vargas, en una rueda de prensa conjunta este lunes con el ministro de Defensa, Diego Molano.
Las autoridades apuntaron al nexo que hay entre el reclutamiento por parte de los grupos armados con el narcotráfico, ya que los reclutadores «obligan a los menores a que hagan labores de seguridad de los laboratorios o de actos criminales con armas» y los menores «son instrumentalizados alrededor del narcotráfico», según apuntó Vargas.
El ministro de Defensa recordó que el uso de menores para actividades ilegales es una práctica extendida en el país desde finales del siglo pasado cuando el cartel de Cali y de Medellín, dedicados al narcotráfico, los empleaban.
Una práctica, penada por el derecho internacional, que también uso la guerrilla de las FARC, y que siguen empleando los grupos actuales «porque nunca ha sucedido nada en términos de judicialización ni de captura por ese delito de lesa humanidad», como apuntó el ministro.
Además, Molano señaló directamente a 30 de los cabecillas actuales de los principales grupos ilegales (disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional -ELN- o el Clan del Golfo -la mayor organización criminal del país dedicada al narcotráfico-) como los autores directos de más reclutamiento de menores.
El Gobierno puso precio (de nuevo) a la cabeza del líder del Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas de Colombia), Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel»; a jefes de varias secciones disidentes de las FARC como Hernán Darío Velásquez, alias «El Paisa», o Miguel Botache Santanilla, alias «Gentil Duarte»; o comandantes del ELN como Eliécer Herlinto Chamorro, alias «Antonio García».
«Se expidieron sus respectivas órdenes de captura, 24 de estas con circulares de búsqueda internacional, a nadie se le pueden olvidar sus rostros, los buscaremos hasta dar con su paradero y frenar el flagelo del reclutamiento», alegó Molano.
Varias organizaciones alertaron del aumento del secuestro y reclutamiento de menores por el recrudecimiento del conflicto en algunas zonas del país y la pandemia, que ha dejado a muchos niños y niñas fuera de las aulas.
Organizaciones como la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) alertaron que en los primeros cinco meses de 2020, 128 menores habían sido reclutados, por lo que el delito aumentó en un 113 %.
El propio ministro alegó el mes pasado que los niños reclutados por los grupos armados se convierten en «máquinas de guerra» que atentan contra la sociedad y avaló el «uso legítimo de la fuerza» contra ellos, al defender una operación militar contra un supuesto campamento de las disidencias de Gentil Duarte en Calamar (sureste), donde se encontraban varios menores.
