Asunción, 31 marzo.- La Fiscalía de Paraguay le reiteró este miércoles a la Justicia la orden de búsqueda y captura de la empresaria que supuestamente encargó los pasaportes falsos con los que ingresaron al país el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto, que por ese motivo cumplieron varios meses de prisión preventiva y luego domiciliaria en Paraguay.
Se trata de Dalia López, prófuga y con orden de detención y captura internacional desde hace un año, y quien, según su abogado, «en marzo de 2020 se presentaría ante el Ministerio Público», afirmó la Fiscalía en un comunicado.
Ante su incomparecencia, los fiscales de la causa instaron este miércoles al juez de garantías Gustavo Amarilla la reiteración de la petición para López «se declarada en rebeldía y se comunique su orden de captura internacional a Interpol Paraguay».
Los antecedentes de caso señalan a López, imputada por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, como «presunta integrante de una organización criminal estructurada de modo tal a facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso».
La Fiscalía señala a López como presunta integrante de una organización criminal estructurada de modo tal a facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes paraguayos de contenido falso.
El informe del Ministerio Público refiere que en esa línea habría obtenido dos pasaportes paraguayos a nombre de dos mujeres que fueron adulterados a nombre de Ronaldinho y de su hermano.
Los hermanos de Assis regresaron a su país el 25 de agosto de 2020 tras permanecer medio año recluidos, primero en una cárcel policial y luego en prisión domiciliaria en un lujoso hotel de Asunción
Ello después de que presentarán esos documentos a su llegada al país el 4 de marzo de ese año para una serie de actividades vinculadas a la figura de la exestrella del fútbol mundial, varias de ellas organizadas por López, quien les recibió en el aeropuerto capitalino.
El escándalo derivó en el procesamientos de más de una veintena de personas, entre ellas gestores y funcionarios de Migraciones y de Identificaciones de la Policía Nacional supuestamente vinculados a un negocio ilícito de manipulación de documentos.
