Sao Paulo, 8 abr – Brasil vive desde hace más un año una intensa judicialización de la pandemia, en medio de un sinfín de decisiones contradictorias por parte de los tribunales que van desde la autorización de la apertura de escuelas hasta la celebración de misas.
Entre órdenes y contraórdenes, el Poder Judicial ha ganado un creciente protagonismo durante la crisis sanitaria, llegando a decidir sobre todo tipo de medidas en el combate a un virus que ya deja más de 340.000 muertos y 13 millones de casos de covid-19.
En pleno embate entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y gobernadores, el Tribunal Supremo de Brasil (STF), la máxima corte del país, dictaminó el año pasado que estados y municipios tienen competencia para decidir las medidas de combate a la pandemia, pero muchas de ellas han encallado en un auténtico laberinto judicial.
Recientemente las alcaldías de diversas ciudades del país, entre ellas Sao Paulo y Río de Janeiro, prohibieron todas las actividades no esenciales e incluyeron las misas presenciales, para contener la fuerte transmisión del virus.
No obstante, en vísperas del Domingo de Resurrección un magistrado del STF decidió de forma cautelar autorizar la apertura de templos tras aceptar una demanda presentada por la Asociación de Juristas Evangelistas, vinculada a las iglesias pentecostales.
El asunto, sin embargo, ha llegado hasta el pleno del Tribunal Supremo, que deberá decidir si mantiene o derriba la decisión del magistrado Kassio Marques Nunes, uno de los once magistrados de la corte y quien fue recomendado por el presidente Jair Bolsonaro.
El conflicto generado en la Corte Suprema en torno a la apertura de las iglesias se suma a decenas de decisiones contradictorias ya dictadas por tribunales del país con relación a la pandemia, en su mayoría relacionadas a la reapertura de las actividades económicas, autorizada por un juez y negada por otro o viceversa.
EDUCACIÓN Y VACUNAS, ENTRE ASUNTOS EN LA JUSTICIA
Otro de los dardos de la discordia durante la crisis sanitaria ha sido la educación.
La Alcaldía de Río de Janeiro decidió esta semana la reapertura de las escuelas, pero la medida fue anulada de forma cautelar por un tribunal y autorizada de nuevo por otro, una discrepancia que se ha repetido en otras ciudades de Brasil a lo largo del último año.
Además de los cierres y contracierres, la Justicia ha entrado de lleno en el asunto de la vacunación y algunos tribunales han dado aval a las empresas privadas a comprar inmunizantes contra la covid-19, sin necesidad de donar dosis al sistema público de salud, cuando el asunto todavía sigue siendo discutido por el Legislativo.
A la confusión creada en los tribunales se suma el carácter federal de Brasil, donde cada gobernador y alcalde tiene autonomía para tomar sus propias decisiones, algunas de las cuales han resultado contradictorias entre sí incluso en una misma región.
Las medidas de restricción para contener el virus adoptadas por los estados y municipios chocan de frente con la retórica negacionista del presidente Jair Bolsonaro, quien ha renegado del uso de mascarillas e insistido contra los confinamientos.
La mezcolanza de decisiones y retóricas ha aumentado el desconcierto de la población y generado la sensación de desgobierno en pleno agravamiento de la pandemia, la cual atraviesa su momento más crítico, con su sistema sanitario al borde del colapso.
Según el último boletín de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), centro de investigación médica de referencia de Latinoamérica, 20 de los 27 estados brasileños presentan una tasa de ocupación de sus unidades de cuidados intensivos superior al 90 %, debido al crecimiento exponencial de los ingresos por coronavirus.
Brasil es el segundo país con más fallecidos y casos confirmados de la enfermedad, tan solo por detrás de Estados Unidos, aunque actualmente es el lugar del planeta donde más se muere por covid-19, con un promedio en la última semana que sobrepasa los 2.700 decesos diarios.
