Bogotá, 12 abril de 2021.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a Marcos Pinto y Édgar Rodríguez, generales activos del Ejército colombiano, a comparecer en «versión voluntaria» dentro del caso que investiga sobre los llamados «falsos positivos», como se conocen en el país las ejecuciones extrajudiciales.
El general Pinto, que en la actualidad es comandante de la Segunda División del Ejército, fue convocado a la diligencia por «29 muertes en combate presuntamente ilegítimas» en el departamento del Huila (suroeste) cuando era comandante del Batallón de Infantería no. 27 “Magdalena” entre diciembre de 2007 hasta septiembre de 2009.
«Se procederá a llamar a versión voluntaria al señor Marcos Evangelista Pinto Lizarazo. La diligencia se llevará a cabo los días 25 y 26 de mayo de 2021», agregó el alto tribunal en una auto de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad que conoció Efe.
En el caso del general Rodríguez, que hoy lidera el Comando de Educación y Doctrina, el llamado fue por al menos «34 muertes en combate presuntamente ilegítimas» que fueron cometidas cuando era comandante del Batallón de Infantería No. 27 “Magdalena” entre junio de 2006 y diciembre de 2007.
El alto tribunal resolvió «convocar al señor Edgar Alberto Rodríguez Sánchez (…) a comparecer a diligencia de versión voluntaria los días 18 y 19 de mayo de 2021».
LOS FALSOS POSITIVOS
Justamente la JEP elevó este año el número de víctimas de «falsos positivos» en uno de sus macrocasos a 6.402, el triple de la cifra contabilizada hasta entonces por la Fiscalía y la mayoría de ellos cometidos durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Los «falsos positivos», uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores, y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.
En julio de 2019, el tribunal de paz creado en los acuerdos entre las FARC y el Gobierno en 2016 abrió el Caso 3, que corresponde a «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado», a partir del informe No. 5 de la Fiscalía General que entonces indicaba que hubo un total de 2.248 víctimas de «falsos positivos» entre 1988 y 2014.
La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de ejecuciones extrajudiciales que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y por los que han sido condenados sólo algunos soldados o suboficiales.
