Managua, 13 abril.- Diferentes grupos de oposición rechazaron este martes un proyecto de reforma electoral propuesto por el grupo parlamentario sandinista, con el argumento de que, lejos de seguir las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), profundiza los obstáculos para unos comicios «creíbles» en noviembre próximo, en los que el presidente del país, Daniel Ortega, busca una nueva reelección.
«El proyecto (de reforma) pone todo su énfasis en excluir, inhibir, conculcar derechos y evitar la competitividad de la oposición, frente a un adversario que se reserva todas las ventajas para imponer su continuidad en el ejercicio del poder, obviando la voluntad popular», señaló la Coalición Nacional, compuesta por cinco movimientos y dos partidos políticos de oposición, en un pronunciamiento.
La propuesta de reforma electoral fue criticada por los opositores porque anula de manera oficial la observación electoral, confirma las leyes que impiden candidaturas de los adversarios de Ortega, restringen la libertad de asociación y expresión, además de trasladar atribuciones del Consejo Supremo Electoral (CSE) a la Policía Nacional, señalada por organizaciones humanitarias de ser el «brazo depresivo de Ortega».
«No recoge de ninguna manera las recomendaciones contempladas en la resolución aprobada en la Asamblea General de la OEA en octubre de 2020, ni las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la misma OEA, Unión Europea, y de otros organismos especializados», sostuvo la Coalición.
El conglomerado opositor resaltó que la iniciativa «tampoco está en concordancia con las contempladas en el documento del Grupo Promotor de Reformas Electorales, apoyadas por la inmensa mayoría de fuerzas sociales y políticas».
PROHÍBE OBSERVACIÓN ELECTORAL
«Mediante este reforma la dictadura pretende crear aún más condiciones para el fraude electoral, prohíbe la observación electoral independiente, adelanta su voluntad de inhibir a los candidatos azul y blanco (opositores), impide a los nicaragüenses en el exterior colaborar económicamente con los partidos de la oposición», dijo, por su lado, la presidenta del movimiento Unamos, Suyén Barahona.
Además «confirma las restricciones a la libre movilización política, deja a la Policía el poder para decidir sobre las actividades de campaña, elimina la obligación del Electoral de realizar la depuración del padrón, se asegura mantener su control partidario de las estructuras electorales, y obstaculiza la capacidad de los partidos políticos de fiscalizar el proceso», agregó Barahona, cuya organización pertenece a la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.
Por su parte, la presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), único de los anteriores que cuenta con personalidad jurídica, Carmela Rogers, conocida como Kitty Monterrey, mencionó que «aquí (en la propuesta) lo único que hay es más presión a los derechos individuales (…), esto no le da ninguna legitimidad a este proceso».
En octubre pasado, a través de una resolución, la Asamblea General de la OEA solicitó a Nicaragua garantizar unas elecciones «creíbles» el 7 de noviembre próximo, y demandó reformar el sistema electoral.
Los opositores buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Ortega, de 75 años, que en enero pasado cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.
Ortega, que retornó al poder en enero de 2007, burló una prohibición constitucional que impedía presentarse a los comicios en 2011, que ganó, según la oposición, gracias a un «fraude electoral», y luego se volvió a reelegir en 2016 después que el Poder Judicial y el Poder Electoral, controlado por los sandinistas, eliminarán al principal partido opositor.
