San Salvador, 14 abril.- La presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, se mostró preocupada este miércoles por las acusaciones que enfrenta el medio digital El Faro de supuesta evasión fiscal y advirtió que se busca crear una narrativa para desprestigiar al periódico.
«Claramente se ve cómo el Gobierno de Nayib Bukele está utilizando las instituciones del Estado para perseguir aquellos medios de comunicación que le son, en sus palabras, incómodos», dijo a Efe.
El Faro denunció mediante una editorial que el Gobierno salvadoreño supuestamente «fabrica otro caso» en su contra tras una auditoría en la que el Ministerio de Hacienda acusa al medio de investigación de evadir impuestos.
«El Ministerio dice haber encontrado en nuestro ejercicio contable 2017 una evasión intencional de impuestos que asciende a 32,5 mil dólares. La acusación es totalmente infundada y El Faro lo demostrará documentalmente y en los juzgados, si es necesario», señaló el medio en su publicación.
Para Cárcamo, «ese tipo de artilugios que se están inventando sí es preocupante» y «lamento mucho esta situación que está pasando, que no es propia de gobiernos democráticos».
«Acá lo que se está pretendiendo hacer es instaurar una narrativa desde el Gobierno que medios, El Faro como ejemplo, están evadiendo impuestos. Lo que se va a tratar de hacer es instaurar una narrativa de ese estilo que desprestigie al medio de comunicación», sostuvo la comunicadora.
José Luis Sanz, exdirector de El Faro y corresponsal del medio en Washington, dijo a Efe en una entrevista en octubre de 2020 que teme que el Ejecutivo de Bukele busque la detención de los directivos de este periódico y se paralice su funcionamiento en represalia por sus investigaciones.
Señaló que en una cadena nacional de medios de comunicación Bukele dijo que el medio era sometido a una investigación por supuesto lavado de dinero, lo que consideró como «una clara amenaza».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a inicios de febrero medidas cautelares de protección a favor de 34 integrantes de El Faro que, advirtió, «estarían siendo objeto de hostigamiento, amenazas, intimidaciones y estigmatización».
A inicios de marzo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) El Salvador admitió una demanda de amparo contra Hacienda por supuestamente valerse de una auditoría para intentar obtener información de la «línea editorial, metodología periodística, fuentes e investigaciones en curso» de El Faro.
