San Salvador, 15 abril.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador admitió una demanda contra el nombramiento del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, para determinar si no viola el carácter civil de la seguridad pública por su formación y pasado militar, según la resolución divulgada este jueves.
La demanda de inconstitucionalidad fue admitida el pasado 9 de abril y la presentó la abogada Ruth López, quien argumentó que el nombramiento de Arriaza transgrede la norma constitucional que ordena que la Policía Nacional Civil (PNC) debe ser dirigida por civiles.
La letrada señaló a los jueces constitucionales que Arriaza «ostenta el grado militar de teniente en condición de reserva» y cursó estudios en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios y en la Escuela de Carabineros de Chile.
Además, alcanzó el grado de teniente en la extinta Policía Nacional, adscrita al Ministerio de la Defensa.
«El referido ciudadano ostenta el rango militar de teniente en situación de retiro, tiene formación militar y, de acuerdo con la ley, aún pertenece a la carrera militar», afirmó.
Los jueces rechazaron la petición de López de suspender el nombramiento de Arriaza mientras estudian la demanda por la falta de argumentos y a raíz de que no se vislumbra «un factor que revele algún obstáculo o impedimento para el cumplimiento de una eventual sentencia».
La Sala notificó a la Fiscalía General de la República para que se pronuncie sobre la demanda y escuchará en audiencia la postura de Arriaza, sin que se haya señalado fecha.
En diciembre de 2020, la Asamblea Legislativa ordenó la destitución de Arriaza mediante un decreto vinculante, pero el mismo no ha sido acatado por el Ejecutivo de Nayib Bukele.
La Constitución salvadoreña establece que las resoluciones de la Asamblea Legislativa serán de carácter «vinculante» cuando se refieran «a los jefes de la seguridad pública o de inteligencia de Estado por causa de graves violaciones a derechos humanos».
Arriaza ingresó a la Policía Nacional Civil en 1993, como parte de una de las primeras generaciones tras el final de la guerra civil (1980-1992) y que se nutrieron por militares y guerrilleros.
El último antecedente de nombramientos declarados inconstitucionales en materia de seguridad se dio en mayo de 2013.
En esa época, la Sala de lo Constitucional anuló el nombramiento de David Munguía Payés y Francisco Salinas como ministro de Seguridad y director de la PNC, respectivamente, por ser militares.
