San José, 21 abr- La cúpula empresarial de Costa Rica expresó este miércoles su rechazo al Acuerdo de Escazú, el primero a nivel latinoamericano en materia ambiental, pues considera que atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la producción.
«La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) considera que el país debe concentrarse en los proyectos que permitan una verdadera reactivación económica, real y factible y dejar de lado iniciativas como el Acuerdo de Escazú», indica un pronunciamiento de la organización.
La UCCAEP señaló que ese acuerdo regional ambiental «atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica».
El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe o Acuerdo de Escazú, fue firmado en la localidad costarricense homónima en 2018 y entrará oficialmente en vigencia el jueves tras haber sido ratificado por más de 11 naciones.
En Costa Rica, pese a ser el país impulsor y donde se firmó, el texto no ha sido ratificado aún en el Congreso, donde se encuentra en discusión.
El acuerdo es considerado por sus propulsores como único en su tipo a nivel mundial y, entre otras cosas, consagra la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales..
Los empresarios costarricenses aseguran que el Acuerdo no fue consultado a lo interno antes de firmarlo y que en el trámite que lleva a cabo el Congreso tampoco.
«Hoy cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción”, dijo el presidente de UCCAEP, José Álvaro Jenkins.
Según esa organización, el Acuerdo de Escazú «crea un mecanismo inadecuado de participación del público en los procesos de toma de decisiones, por lo que eso habilita un espacio para que el Estado tenga que actuar y las empresas que desarrollen cualquier tipo de proyecto se puedan ver paralizados, por acción de cualquier persona, especulación o imaginación que la actividad proyecto, o acto pueda tener un impacto significativo sobre el ambiente».
La UCCAEP agregó que «si alguien es acusado de una falta ambiental debe probar que no está haciendo el daño» lo que, a su juicio, atenta contra la presunción de inocencia.
La cúpula empresarial también se queja de que el Acuerdo permite «darle al acusador medidas cautelares para detener cualquier supuesto daño, deteniendo la producción de una empresa o proyecto en construcción y afectando la inversión».
«En aras de tramitar los temas de reactivación y priorizar lo que realmente requiere el país, se solicita el retiro del conocimiento del periodo de sesiones extraordinarias de esta iniciativa. En caso contrario, se solicita firmemente a las diferentes fracciones parlamentarias votar en contra de este proyecto», expresó la UCCAEP.
