Bogotá, 26 abril.- El Sistema de Naciones Unidas en Colombia condenó este lunes la violencia ejercida en contra de comunidades, defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales y desmovilizados de las FARC, que se han «agravado en las últimas semanas».
Así lo expresan varios organismos de la ONU en un comunicado conjunto en el que se «rechaza y condena vehementemente la violencia ejercida en contra de comunidades, personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales y comunitarios, así como excombatientes de las antiguas FARC-EP».
A propósito del tema, el partido político Comunes, antes conocido como FARC, denunció hoy el asesinato de Hernando Guerrero Torres, ocurrido el domingo en el departamento del Tolima (centro).
Este homicidio supone el octavo excombatiente muerto en las últimas dos semanas en el país, lo que eleva a 271 la cifra de exguerrilleros asesinados desde la firma del acuerdo de paz entre la entonces FARC y el Gobierno, en 2016.
PREOCUPACIÓN
Sobre la ola de violencia, Naciones Unidas dice que ve con «especial preocupación» la problemática que atraviesa el departamento del Cauca, en el suroeste del país.
Allí «se evidencia el deterioro de la situación de derechos humanos y seguridad con desplazamientos forzados y ataques en contra de comunidades y autoridades étnicas, así como afectaciones a la fuerza pública, en hechos ocurridos durante los meses de marzo y abril del año en curso».
Recuerdan que en esa zona del país fue asesinada Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena del resguardo La Laguna Siberia, y el posterior «ataque armado en contra de la comunidad indígena a la cual pertenecía -donde resultaron heridas decenas de personas-, son algunos de los hechos ocurridos recientemente en este departamento».
Con respecto a los asesinados de desmovilizados de las FARC el Sistema de la ONU expresa su preocupación por el incremento de esa situación y recuerda que durante la «última semana fueron asesinadas siete personas en proceso de reincorporación» en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá Chocó, Guaviare y Meta.
«Estos hechos violentos, con serios impactos en la vida de las personas y de las comunidades, están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, economías ilícitas, donde se da el reclutamiento de menores y con una limitada presencia del Estado», expresa el documento.
Ante «esta preocupante situación», dice el Sistema, es de la mayor importancia asegurar la «presencia integral» del Estado en los territorios, incluyendo de las personerías que tienen la responsabilidad de la promoción y protección de los derechos humanos.
Según la Misión de Observación Electoral (MOE), 167 líderes fueron asesinados en 2020, un 32,5 % más que en 2019, principalmente en los departamentos de Cauca, Norte de Santander y Antioquia.
Por su lado, el Instituto de Desarrollo de la Paz (Indepaz) dijo hoy en redes sociales que desde que se firmó el acuerdo de paz han sido asesinados 271 exguerrilleros, 21 de ellos en lo que va de este año.