Ankara, 26 abril.- Turquía ha llevado a juicio a 108 destacados políticos de la izquierda prokurda por su supuesta responsabilidad en unas protestas en 2014 -que se saldaron con 37 muertos- tras el asedio de los yihadistas del grupo Estado Islámico a la ciudad kurdosiria de Kobani.
En el macrojuicio -marcado por la tensión y las grandes medidas de seguridad- se juzga a numerosos altos cargos del partido izquierdista prokurdo HDP, la tercera fuerza en el Parlamento turco, que calificó el proceso como «una venganza política».
Los acusados, en su totalidad miembros o simpatizantes del HDP, se enfrentan a un total de 38 cadenas perpetuas y miles de años de cárcel por delitos que van desde homicidio hasta lesiones, incendios, robo o «romper la unidad del Estado».
Entre los acusados están los exlíderes del HDP Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, la exalcaldesa de la ciudad de Diyarbakir Gültan Kisanak y exdiputadas como Aysel Tugluk y Sebahat Tuncel.
LOS ABOGADOS ABANDONAN
El primer encontronazo del juicio se produjo nada más iniciarse la sesión en la prisión de Sincan en Ankara, al limitarse por motivos de pandemia el acceso a un máximo de cien abogados de la defensa.
Al ver que sí se hacía entrar a policías en la sala, los letrados protestaron y finalmente abandonaron todos el espacio.
Los jueces intentaron proceder con la sesión, pero los acusados se negaban a declarar sin abogado, por lo que finalmente volvieron los letrados de defensa.
Pero unas horas más tarde, tras negar los jueces la palabra a varios acusados, los abogados abandonaron la sala una vez más.
Durante la tarde prosiguió el juicio, pero Demirtas y Yüksekdag denunciaron que no pudieron seguirlo por fallos en el sistema de videoconferencia y que no se les dio derecho a replicar.
SOLIDARIDAD CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO
La Fiscalía considera que Demirtas y Yüksekdag incitaron a la violencia al convocar en 2014 protestas que desembocaron en enfrentamientos con un balance de 37 muertos.
Los dos, entonces dirigentes del partido, que llevan encarcelados desde noviembre de 2016 por otros delitos, pidieron en octubre de 2014 solidarizarse con la ciudad siria de Kobani, habitada por kurdos y asediada por el grupo yihadista Estado Islámico.
Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos entre simpatizantes del HDP, de orientación laica e izquierdista, y seguidores del partido kurdo ultraislamista Hüda-Par, sin representación parlamentaria, que dejaron decenas de muertos en ambos bandos.
La defensa considera que no hay vínculo entre los discursos de los políticos acusados y los disturbios violentos ocurridos entre el 6 y el 8 de octubre de 2014, cuyos autores materiales, denuncian, no han sido investigados ni juzgados.
En sus alocuciones, los políticos del HDP pidieron al Gobierno islamista turco que interviniera para evitar la caída de la ciudad. Aunque Turquía no actuó, Kobani no cayó gracias a la ayuda de EEUU a las milicias kurdosirias.
VIAJE A KOBANI
La Fiscalía acusa a Demirtas de haber viajado a Kobani para recibir órdenes de las milicias kurdosirias YPG, que Turquía considera una rama del proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía, calificada como terrorista tanto por Ankara como por la Unión Europea.
Las pruebas son dos testimonios, uno de ellos secreto, un discurso del propio Demirtas y unos mensajes en Twitter.
En una carta remitida a Efe, Demirtas explica que la cuenta de Twitter, ya cerrada, era falsa y que la visita a Kobani se produjo con el visto bueno de las autoridades turcas y en compañía de la prensa, incluidos medios oficialistas que difundieron sus palabras.
«Mi discurso, si se considera entero, no las cuatro frases de la acusación, era un llamamiento a Turquía y la comunidad internacional para solidarizarse con Kobani, no una orden a una organización», subraya Demirtas.
ACUSACIÓN INTERPRETATIVA
Los testimonios de la acusación que supuestamente fueron base para la orden de detención contra Demirtas (entonces ya encarcelado) en 2019 fueron registrados meses después de emitirse esa orden, agrega el político, y además son contradictorios.
«Es una acusación puramente interpretativa, no es legalmente aceptable. Se quiere castigar a algunas personas y también hay unos hechos que ocurrieron, pero no hay un vínculo entre ambos», señaló una de las abogadas de la defensa, Ruken Gülagaci, al diario «Evrensel».
El Parlamento Europeo condenó el pasado martes en un comunicado este proceso judicial por considerar «inaceptable» que se responsabilice a funcionarios electos de lo que sucedió en un «evento cuya investigación se está obstaculizando activamente».
La próxima sesión del juicio se ha fijado para el lunes 3 de mayo.
