Cali (Colombia), 8 may – Desde hace cinco días Darnelly Rodríguez, coordinadora regional de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes en la ciudad colombiana de Cali, no puede levantarse de la cama. La patada que le pegó un policía en la parte baja de la espalda la tiene con incapacidad médica.
También tiene una herida profunda en una pierna y moretones que iniciaron en su seno izquierdo y se han extendido por su torso por cuenta de los impactos ocasionados con un arma traumática accionada por otro uniformado.
Todo ocurrió cuando intentaba conocer la gravedad de las heridas de un estudiante que estaba herido dentro de una estación de la Policía en el centro de la ciudad. Cuenta que, tras sus exigencias, hubo amenazas, palabras soeces y luego la policía soltó perros para atacarlos y les dispararon de manera frontal con armas aturdidoras y de fuego.
Huyeron con el apoyo de un corredor humanitario que formaron habitantes de calle de ese sector de la ciudad donde la prostitución y el consumo de drogas ilícitas retratan el paisaje diario.
En noviembre de 2019, tras la muerte del estudiante Dilan Cruz en medio de protestas, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y a «cualquier institución que efectúe acciones de policía suspender el uso de escopetas». Esa decisión sigue sin ser atendida.
Sin poder siquiera sentarse, Darnelly continúa trabajando en defensa de los derechos humanos de quienes han denunciado tratos degradantes por parte de integrantes de la fuerza pública en las protestas que ocurren en Colombia desde el pasado 28 de abril y que inicialmente exigían retirar una reforma fiscal presentada por el Gobierno de Iván Duque.
INVESTIGACIONES CONTRA LA FUERZA PÚBLICA
Cali, la tercera ciudad más importante del país, es ahora la capital de los saqueos, los excesos policiales, la alta presencia militar y una ebullición social que demanda cambios contundentes sobre la manera como opera el Estado colombiano.
La anarquía campea ante la mirada de autoridades locales, regionales e incluso nacionales que llegaron para intentar poner freno, sin éxito, al caos producto de un descontento generalizado que se mezcla con la violencia habitual de la ciudad.
La Procuraduría General (Ministerio Público) anunció el viernes procesos disciplinarios en contra de integrantes de la fuerza pública por la presunta violación de derechos humanos en las manifestaciones. Una de esas investigaciones está relacionada con el ataque que sufrió Darnelly y su equipo de compañeros defensores.
Este caso también fue denunciado por la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas porque en esa acción ellos también fueron amedrentados.
Las denuncias expuestas por el Ministerio Público relacionan los homicidios de un menor de edad y siete adultos presuntamente a manos de policías en Cali.
ABUSOS Y ATAQUES CONTRA MANIFESTANTES
El 28 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, Daniela Romero, otra activista en defensa de los derechos humanos, dice que su tarea fue interrumpida por la policía cuando llegaba la noche, como presagiando las escenas dantescas que desde entonces han quedado registradas, en su mayoría, en videos que hoy circulan en el mundo a través de redes sociales.
El caso de Nicolás Guerrero, familiar del alcalde de Cali, es solo uno de ellos. Cuando participaba en una velatón, recibió un impacto en su cabeza que horas después lo dejó sin vida.
Romero dice que ese no es el único de esas magnitudes. «Dos personas han muerto luego de ser impactados en la cabeza por aturdidoras disparadas por la fuerza pública», denunció.
Explicó que, aunque está prohibido, los uniformados disparan a los cuerpos de los manifestantes, apuntan a viviendas familiares, arrebatan la documentación de quienes son conducidos a estaciones de policía y niegan información a familiares y organizaciones no gubernamentales.
Estudiantes que durante los últimos días han salido con la firmeza de lograr cambios con las manifestaciones, denuncian por centenas la persecución de que están siendo víctimas, al recibir llamadas amenazantes a sus casas.
En el barrio Marco Fidel Suárez, ubicado frente a la Base Área que lleva ese mismo nombre, un estudiante de noveno de bachillerato recibió un disparo de un policía en su brazo cuando desde su ventana tocaba una cacerola en símbolo de protesta. El derecho a la protesta ha sido vulnerado, alertan organizaciones internacionales.
La oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre tanto, se muestra «profundamente preocupada», por ello y ante la situación «extremadamente tensa» por el alto número de policías y soldados en la calle «pidió calma» y recordó que son las autoridades las responsables «de proteger los derechos humanos».
Jessica Villamil Muñoz
