Bogotá, 13 mayo.- La ruptura del tejido social está en la base del estallido de las movilizaciones de las dos últimas semanas en la ciudad colombiana de Cali, epicentro de las protestas contra el Gobierno, en opinión de analistas.
Cali, capital del departamento agroindustrial del Valle del Cauca, es la tercera ciudad más grande de Colombia, pero con el 21,9 % de su población viviendo en la pobreza, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Esa cifra, si bien es inferior a la de otras ciudades como Quibdó (60,9 %) o Riohacha (49,3 %), en Cali, por su población de 2,27 millones de habitantes, hace más evidentes sus problemas sociales, agravados por la violencia del narcotráfico.
«Cali es un cóctel explosivo muy complicado donde el narcotráfico juega un papel muy importante», asegura a Efe el profesor Jorge Iván Cuervo, del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia y experto en políticas públicas, derechos humanos, justicia, y política social.
En opinión de Cuervo, las imágenes que espantaron al mundo el pasado domingo, de hombres armados disparando desde camionetas blancas contra un grupo de indígenas que se dirigían a una manifestación e intentaron entrar a algunos conjuntos residenciales son un reflejo de esa situación.
MÚLTIPLES ACTORES VIOLENTOS
Cali es además la principal ciudad del suroeste de Colombia, una de las regiones más convulsas del país no solo por la actividad de la guerrilla del Ejército Nacional de Liberación (ELN) y de disidentes de las antiguas FARC sino por el narcotráfico, que tiene en esa zona los mayores cultivos de coca del país y las rutas marítimas de salida de la droga hacia Estados Unidos por el océano Pacífico.
Pero aunque esos fenómenos también se dan en otros lugares de Colombia, como Medellín, que en los años 80 y 90 llegó a ser la ciudad más violenta del mundo por el terrorismo de Pablo Escobar, el experto asegura que la situación de Cali es más compleja porque allí hay una ruptura del tejido social.
«En Cali hay una fractura de lo que se llama el tejido social (mientras que) en Medellín hay cierto tejido social, hay un tejido social promovido por la propia institucionalidad, por los barrios, por las comunas; las juntas de acción comunal todavía juegan un papel importante, los líderes comunales», señala Cuervo.
DESCONTROL SOCIAL
En ese sentido explica que en Medellín «incluso los líderes de los llamados ‘combos’ (bandas armadas de barrios) juegan un papel de control social para que la cosa no se salga de madre, mientras que en Cali ese tejido comunitario está completamente fracturado».
A la disgregación de la sociedad atribuye la revuelta de jóvenes de barrios caleños como Aguablanca y Siloé, donde tuvieron lugar las protestas más violentas de las últimas noches.
Según la ONG Cali Cómo Vamos, la Comuna 20, formada por 11 barrios pobres, entre ellos Siloé, tuvo en 2020 un índice de pobreza multidimensional del 23 %, es decir, sus habitantes tienen serias deficiencias en el acceso a educación, salud, vivienda, empleo y servicios públicos; un componente que alimenta la insatisfacción popular, principalmente de los jóvenes, que no ven un futuro.
Parte del problema tiene que ver con el narcotráfico porque, añade Cuervo, «hizo que todos los lazos de confianza, de solidaridad, lo que llaman capital social, se vinieran abajo» en esos barrios de Cali.
«Es una guerra interna por controlar dos cuadras donde hay microtráfico, (guerra) con este, con aquel. Esa es la diferencia entre Cali y Medellín y es lo que uno llamaría la destrucción de tejido social», añade.
En Medellín, desde hace mucho tiempo las autoridades locales han puesto más énfasis en la mejora de las condiciones sociales y la reducción de la violencia e incluso, recuerda el experto, en una época se habló de la llamada «donbernabilidad», un fenómeno en el que el narcotraficante Diego Murillo, alias «Don Berna», actualmente preso y condenado en EE.UU., ejercía de «autoridad» en barrios de la periferia para mantener a su manera el control social, recuerda.
LA ALTERNATIVA DEL DIÁLOGO
Resolver una crisis como la de Cali requiere «acciones de corto plazo, desescalar la violencia muy pronto y un diálogo con actores sociales», señala el analista, quien recuerda que a comienzos de los años 90 la Alcaldía de Cali tuvo una experiencia muy exitosa en ese sentido que sin embargo no tuvo continuidad.
Se trata del programa Desepaz, implantado durante la primera alcaldía de Rodrigo Guerrero (1992-1994) bajo la premisa de que los habitantes de la ciudad, afectados por la violencia del cartel de narcotraficantes de Cali, necesitaban paz, seguridad y desarrollo.
Con Desepaz se pusieron en marcha cambios en la Policía, en el sistema judicial y en las oficinas de derechos humanos al tiempo que se introdujeron programa sociales para mejorar la vida de la gente más pobre y sus necesidades básicas.
«Ese programa, Desepaz, tenía esa virtud de trabajar con los jóvenes en Aguablanca, en Siloé, en todas estas comunas complejas, pero eso se fue abandonando», lamenta Cuervo, quien sin embargo considera que no todo está perdido.
Por ello sugiere un diálogo en el corto plazo liderado, por ejemplo, por el arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, un prelado muy comprometido con lo social y con mucha ascendencia sobre los sectores populares de la ciudad, y vincular además a líderes comunales para hacer «una microgestión del conflicto, barrio a barrio, comuna a comuna».
«Los alcaldes de Cali creen que gobernar (…) es construir obras, cemento, y se olvidan lo social», dice el experto, y añade que ante eso los jóvenes se rebelan y optan por la violencia para ser escuchados y reclamar «por qué nos olvidaron».
Jaime Ortega Carrascal
EFE
