Redacción AnálisisUrbano.com
Extorsiones a comerciantes conocidas como “vacunas”, abuso de los documentos públicos, cartel de contratación, estafas a la hora de facturar las horas de pago, amenazas de muerte, acoso laboral y hasta manipulación en la reubicación de empleadas para obtener beneficios sexuales son algunas de las denuncias que AnalisisUrbano.com recibió sobre los malos manejos que se lleva al interior del área operativa de la Subsecretaría de Espacio Público y Control Territorial, entidad que hace parte de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, y que, según denuncias, perdió su misión hace rato y ahora su comportamiento se diferenciaría poco de un cartel criminal.
La siguiente denuncia debe convertirse en materia de investigación pues miles de personas que viven de la actividad comercial en esta ciudad se están convirtiendo en víctimas de diversas extorsiones de una entidad que cuenta con respaldo institucional, cuyas denuncias involucran hasta la misma encargada del departamento en cuestión, la subsecretaria de Espacio Público y Control Territorial Irma Lucía Ramírez Lezcano, funcionaria que debería ser retirada del cargo e investigada en un proceso disciplinario.
Ante la ausencia de veeduría o entidad de control sobre Espacio Público y Control Territorial, Aanalisisurbano.com.co expone las denuncias y aporta pruebas del comportamiento irregular e ilegal que se lleva al interior del área operativa de esta dependencia, haciendo pública una situación que entre los comerciantes del centro de Medellín, más que un secreto a voces es un secreto a gritos.
Abuso de poder en épocas del mundial
Dos meses antes del mundial, al parecer, una comerciante de la ciudad elaboró una carta dirigida a Espacio Público en donde solicitaba permiso para laborar como ventera ambulante en la venta del álbum del mundial de fútbol. Trabajo para el cual, según el documento oficial, la solicitante recibió el permiso formal que además la obligaba a cumplir con algunos requerimientos propios del uso de espacio público.
Sin embargo, y según el permiso que cuenta con la firma de la secretaria Irma Lucía Ramírez Lezcano, la comerciante también se vería obligada al cumplimiento de un requerimiento atípico en el cual se lee: “Adicionalmente, deberá presentarse periódicamente a las oficinas de la Subsecretaría de Espacio Público, en aras de colaborar con los funcionarios que estén llenando el álbum del mundial; con el fin de suministrar las láminas escasas las cuales deberán ser vendidas a precios legalmente razonables”.
Facsímil del documento.
Aanalisisurbano.com.co contactó a varios empleados de la dependencia para establecer la veracidad del documento y todos afirman que es real. No obstante, algunos argumentaron que el documento existe pero que escucharon que era una broma a expensas de la secretaria Ramírez, la cual habría firmado dos documentos, uno real y el de la exigencia de las láminas del álbum, que en una confusión fue el que terminó saliendo a la luz pública. Situación confusa, de excusas algo acomodadas, de la que se pueden deducir tres escenarios:
1. Existe un claro abuso de poder en el que los comerciantes son manipulados a gusto y antojo de funcionarios de Espacio Público.
2. La papelería oficial está a disposición de cualquiera, sin ningún control o regulación, para ser usada en cualquier actividad, lo mismo puede autorizar una payasada que una ilegalidad.
3. La secretaria Irma Lucía Ramírez avala estos actos porque no lee lo que firma, se presta para los abusos de poder o hace parte de las bufonadas administrativas con documentación oficial. Cualquiera de las tres debería ser motivo suficiente para su destitución ya sea por corrupción o incompetencia.
Sea real o no la carta del mundial, esto es sólo un ejemplo mínimo de lo que podría estar ocurriendo en esta dependencia, pero no es lo más grave.
¿Quién es Nicolás Fernando Escobar Gallo?
Hombre polémico del que sólo se escuchan quejas por parte de muchos funcionarios de Espacio Público y de numerosas unidades personales que laboran en las calles: irrespetuoso, déspota, corrupto, “humillativo”, negligente, son algunos de las menos graves calificativos con los cuales definen al funcionario que actualmente ocupa el cargo de Coordinador Operativo (encargado) de la subsecretaría de Espacio Público.
Pero la polémica aumenta, de acuerdo a los requisitos necesarios para ocupar el cargo, Nicolás Escobar no cumple ninguno. Sin embargo, ocupa el cargo desde enero de este año, luego de la salida de la anterior coordinadora operativa, Ruth María Carvajal, trabajadora social de la Universidad de Antioquia con especialización en Derechos Humanos, muchos años de experiencia en manejo de personal, y de quien afirman funcionarios de la entidad, dejó el cargo por acoso laboral del que se supone fue víctima.
AnalisisUrbano.com contactó a Ruth María Carvajal para verificar las declaraciones, y manifestó que ella se sintió perseguida laboralmente pero que nunca realizó una denuncia formal, explicó que mientras se desempeñó como coordinadora operativa sintió que todo el tiempo le limitaban las funciones propias del cargo a fin de que sintiera pérdida de autoridad para “aburrirla” y que renunciara, situación que no soportó y por la cual terminó renunciando.
Retomando la anomalía, de acuerdo a los requisitos exigidos por la dependencia, quienes sean coordinadores de gestión deben ser “profesionales universitarios, en las áreas de administrativas, económicas, derecho, contable y/o financiera con treinta y seis (36) meses de experiencia profesional, las profesiones que requieren acreditarse con tarjeta profesional, deberán aportar copia de la misma (sic)”. Pero esto no aplicó para el señor Escobar, quien ni siquiera posee título profesional pues aún no se ha recibido de alguna carrera. Según su hoja de vida, es tecnólogo agropecuario del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Dicho sea de paso, esto sí fue motivo suficiente para que a Nicolás Escobar le fuera revocado un nombramiento al interior del Politécnico, institución a la que demando y cuya demanda fue denegada en primera y segunda instancia.
Copia de la sentencia.
Esto simplemente constituye un antecedente en la hoja de vida del funcionario que irónicamente podría ser la misma situación en la que ahora se encuentra. De acuerdo con la investigación que adelantó AnalisisUrbano.com para que un funcionario ocupe un cargo debe cumplir con los mismos requisitos del anterior, incluso cuando lo hace como funcionario “encargado”, y esta última característica no puede superar los tres meses o sus actos administrativos no tendrían validez.
AnalisisUrbano.com pudo contactar a la empresa contratista y de allí se confirmó que Nicolás Escobar no figura como profesional, que aparece como activo y que está contratado como “gestor de enlace”, que de acuerdo a los requisitos, solo debe cumplir con uno: ser “bachiller con (12) meses de experiencia laboral”. Aún así en la base de datos de la empresa contratista, Escobar, gestor de enlace, registra un salario bastante alto de 2.345.289 pesos.
Añadido a esto, AnalisisUrbano.com llamó a las dependencias de la Subsecretaría de Espacio Público y todos los funcionarios que contestaron declararon que el coordinador operativo es Nicolás Escobar, y que es el encargado de esa área desde que Ruth María Carvajal salió de la empresa que fue en enero del 2014.
Además, el funcionario en cuestión, no teme firmar como tal en los documentos que requieren el visto bueno del coordinador operativo.
Documentos escaneados firmados por Nicolás Escobar, como coordinador operativo.
Las preguntas son claras: por qué figura Nicolás Escobar, al menos en la práctica, en un cargo para el que no está apto, y si en el presupuesto trazado en espacio Público antes de la ley de garantías figuraba un sueldo para un coordinador operativo, que superaba los 3.500.000 pesos a la salida de Ruth María Carvajal ¿dónde está ese rubro?
¿Reubican mujeres en Espacio Público, sin justificación, para obtener beneficios sexuales?
Esta puede ser una de las peores denuncias de lo que acontece al interior de la Subsecretaría de Espacio público, y la puesta en público debería instar no sólo a una investigación disciplinaria sino a una de carácter judicial. Supuestamente, el funcionario Nicolás Fernando Escobar Gallo envió un correo a quien era un subcoordinador del área operativa, al cual se le reserva el nombre por razones de seguridad, en el que le solicitaba el siguiente favor: “ que les has dicho a doña (…), tengo ganas de subirla a la operativa y que mas adelante se deje hacer la Vuelta, por que esta muy buena, haga me los cruces. (sic)”
Aparentemente, y adjuntando a lo que de por sí constituye un abuso, el funcionaria anexó una foto en vestido de baño de la empleada a la que se refería, imagen de la que aún se desconoce su procedencia. Según indagó analisiUrbano.com, la joven, a la que le agrega el apelativo “doña” antes de usar su nombre, fue transferida al área operativa donde duró cerca de cuatro meses y después fue trasladado a las oficinas del poblado, la razón también se desconoce.
Para terminar de complicar las cosas, esta comunicación se habría sostenido desde las plataformas de los correos electrónicos institucionales, y aunque son de fácil eliminación, en una investigación debida un ingeniero de sistemas bien capacitado podría recuperarlos.
Pantallazo réplica del correo.
Debe aclararse que aparentemente la joven nunca conoció las intenciones que pesaban sobre ella e incluso desconocía la circulación de su foto. AnalisisUrbano.com intento ubicarla pero no lo consiguió.
Esto, que a todas luces debería tipificar un delito, aparentemente no constituye ni acoso sexual ni trata de mujeres porque, en el primer caso, no era en contra de la voluntad de la afectada ya que no conocía su situación; en el segundo caso porque no fue coaccionada a ningún tipo de trabajo ni sexual ni de otro tipo. La legislación debe ser un poco más rígida ante este tipo de panorama del cual son víctimas muchas mujeres en el mundo laboral colombiano.
En resumen, una cosa puede ser cierta en el enredo que existe al interior de la Subsecretaría de Espacio Público y Control Territorial: la ética resalta por estar ausente y la ilegalidad parece brillar con su presencia.
Extorsiones ilegales, amenazas de muerte, cartel de contratación, estafas a la hora de facturar las horas de pago, acoso laboral son las denuncias que aún faltan por contar.
Para cerrar esta primer parte debe anotarse que este medio no obtuvo ninguna “chiva periodística”, AnalisiUrbano.com tuvo conocimiento que supuestamente algunos concejales de Medellín como Jesús Aníbal Echeverri del partido De La U, Robert Bohórquez del partido Cambio Radical, Miguel Andrés Quintero y Jefferson Miranda del partido Verde, y Bernardo Alejandro Guerra del partido Liberal, fueron notificados a través de sus correos electrónicos personales sobre esta irregularidad, e incluso éste último preparó unas diapositivas con el tema. Aún así no se ha adelantado ningún debate sobre el tema y la única iniciativa fue la de Guerra, quien a inicios de este año anunció un debate sobre anomalías en Espacio Público que hoy, en pleno cierre del 2014, aún no realiza.
Vera Cristina Ramírez, secretaria de Servicios Administrativos del municipio de Medellín también, se supone, fue notificada; al igual que Edgar Muñoz quien es el asistente, y encargado de Espacio Público, del secretario de Gobierno Wilson López. Hasta el mismo López se sentó con muchas unidades personales de Espacio Público que fueron despedidas como han denunciado “sin justificación”, las cuales le comentaron al secretario gran parte de lo que sucedía al interior de esa dependencia.
Por qué nadie hizo nada si en teoría se tenía pleno conocimiento de la irregularidad: el resultado aparente fue caso omiso por parte de secretarios de despacho, ni todo aquel que poseía potestad para actuar y aún así no lo hizo. ¿Medellín en manos de quién está? Sólo falta que los impuestos ciudadanos terminen financiando una mafia legal tras una subsecretaría institucional. La Administración Municipal esta vez debería prestar atención, está a tiempo de irradiar antes de que haga metástasis.
Espere segunda parte:
Espacio Público ¿Subsecretaría institucional o cartel criminal?
“Las Convivir no son las únicas que ‘vacunan’, Espacio Público también lo hace”
Segunda Parte