Bogotá, 25 mayo.- El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, tendrá este martes una audiencia virtual en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que expondrá la situación que vive el país por las protestas que comenzaron hace casi un mes.
Camargo «con documentación en mano, busca informar a sus miembros los hechos desarrollados durante los 28 días de protesta», según un comunicado de su despacho.
En la reunión del funcionario con la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, también estará el comisionado Joel Hernández García, relator para Colombia y relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y líderes sociales.
Miles de personas han salido a las calles desde el pasado 28 de abril pidiéndole al presidente colombiano, Iván Duque, cambios en su política social y económica, y que tome medidas contra la brutalidad policial.
Por las presiones de las protestas el jefe de Estado retiró la reforma fiscal y más adelante el Congreso archivó el también controvertido proyecto de reforma de la salud, dos de las peticiones del Comité Nacional de Paro.
Según la Fiscalía, al menos 43 personas han fallecido en estos días, aunque solo «17 de ellas tienen nexo directo en el marco de las protestas».
Durante las protestas se han registrado bloqueos en carreteras del país provocando desabastecimiento de alimentos y medicinas en algunas regiones, al igual que han ocurrido ataques a misiones médicas por lo que insistentemente el Gobierno pide que sean levantados los obstáculos de las vías.
Ayer en Washington la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseguró que se debe esperar a las investigaciones de los organismos de control en su país antes de autorizar las visitas solicitadas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la CIDH sobre las protestas.
El pasado 14 de marzo, la CIDH pidió permiso al Estado colombiano para visitar el país ante la posibilidad de que se hayan cometido violaciones de derechos humanos durante las protestas.
La CIDH, con sede en Washington, expresó su deseo de que el Estado conteste a su solicitud «a la mayor brevedad posible».
