Bogotá, 25 mayo de 2021.- Las autoridades migratorias de Colombia no admitieron este martes al líder social argentino Juan Grabois cuando intentaba ingresar al país junto a otros miembros de organizaciones sociales que integran una misión internacional para verificar las violaciones de derechos humanos durante las protestas.
El activista afirmó en Twitter que «luego de una serie de agresiones físicas registradas por numerosos testigos y cámaras de seguridad, el Gobierno colombiano me expulsa de su territorio por considerarme un ‘riesgo para la seguridad de Estado'».
Grabois, abogado, docente universitario y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Argentina, explicó que le retuvieron la documentación y el equipaje hasta que le embarcaron en un vuelo a Lima.
PASAPORTE VENCIDO
Sin embargo, Migración Colombia detalló en un comunicado que Grabois fue el único miembro de la delegación de 20 personas a la que no se autorizó a ingresar a Colombia después de negarse «a que se le realizara una verificación a sus documentos, luego de que el sistema arrojara una alerta por vencimiento de su pasaporte».
La autoridad colombiana detalló que el activista también «faltó al respeto al oficial de Migración y al supervisor a cargo», por lo que «fue inadmitido de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2 del Decreto 1727 del 21 de diciembre de 2020».
«El extranjero quien de forma vehemente exigía su ingreso al país, basado en quién era y quiénes lo habían invitado, fue dejado a disposición de la aerolínea, con el fin de que se cumpla la orden de inadmisión. Migración Colombia rechaza este tipo de comportamientos, así como las presiones ejercidas para autorizar su ingreso», agregó la información.
VERSIÓN DE LA MISIÓN
María Elena Navarro, una de las compañeras de Grabois en la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, expresó en un video que «es una clara decisión del Gobierno nacional de impedir el trabajo de veeduría internacional que viene a hacer esta delegación».
La Misión, integrada por una decena de organizaciones sociales argentinas, llegó hoy al aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, para «acreditar, relevar y visibilizar la situación» de derechos humanos en el marco de las protestas que se producen en Colombia desde el 28 de enero y donde se ha denunciado un uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía.
Las protestas se han cobrado 42 víctimas mortales, según los reportes que han llegado a la Defensoría del Pueblo, mientras que organizaciones sociales como Temblores y el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) contabilizan 43 víctimas de violencia homicida presuntamente por la Policía.
Además, se han reportado abusos sexuales tanto a manifestantes como a una agente de la Policía, y las autoridades siguen buscando a 129 personas que fueron reportadas como desaparecidas.
El pasado 14 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió permiso al Estado colombiano para visitar el país ante la posibilidad de que se hayan cometido violaciones de derechos humanos durante las protestas.
Pero hoy, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que se encuentra de visita oficial a EE.UU., estimó que el Gobierno decidirá a finales de junio la fecha en la que la CIDH podrá visitar el país.
