Tegucigalpa, 27 mayo.- El Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hizo este jueves un llamamiento al Gobierno a que se investigue y no quede en la impunidad la muerte violenta de 90 periodistas y comunicadores asesinados entre 2005 y 2020.
«No se mata la verdad matando periodistas; sin embargo, en los últimos 16 años 90 periodistas y comunicadores han sido víctimas de la violencia homicida, contraviniendo lo establecido en el principio número 4 de la Declaración de Chapultepec suscrita por Honduras en 2010», indicó el ONV en un comunicado.
La Declaración de Chapultepec establece que “el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa».
Según el ONV, el 91,1 % de los homicidios contra periodistas y comunicadores se cometieron con arma de fuego, y los departamentos de Francisco Morazán, en el centro del país, y Cortés, en el norte, ambos los de mayor población y medios de comunicación, son los que más crímenes registran.
Otros departamentos que registran una tasa alta de homicidios de periodistas y comunicadores son Olancho, en el oriente, Yoro y Atlántida, en el norte, y Copán, en el occidente.
El informe del ONV añade que el 95,6 % de los periodistas y comunicadores víctimas de la violencia criminal son hombres y el 4,4 % mujeres.
Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), el 97 % de las muertes violentas contra los que ejercen el periodismo registradas desde 2000, ha quedado en la impunidad.
El ONV resaltó que «estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad” por «la necesidad, además, de que la memoria histórica no olvide a quienes en el ejercicio de sus funciones perdieron la vida violentamente».
El organismo le pidió al Gobierno, instituciones del sistema de seguridad y justicia y al Parlamento hondureño, que «establezcan acciones concertadas y regulaciones efectivas que acaben con la impunidad de estos hechos violentos».
