Managua, 4 junio.- El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE) recordó este viernes los requisitos legales que deben cumplir los aspirantes presidenciales de los comicios de noviembre, unas elecciones para las que esta semana fue inhabilitada la opositora Cristiana Chamorro tras ser detenida por un caso de presunto lavado de dinero.
En una resolución con fecha de este jueves, el CSE llamó a los partidos a “garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de sus precandidatos”, entre estos los que establecen las últimas reformas a Ley Electoral, que entraron en vigor en mayo pasado, a seis meses del día de las elecciones.
El aviso del CSE tiene lugar después de que el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) abrió sus puertas para que todos los aspirantes a la Presidencia por la oposición compitan bajo su organización para determinar quién será el que rete al mandatario Daniel Ortega en las elecciones del 7 de noviembre.
Según la legislación nicaragüense, solamente pueden optar para ser presidentes los candidatos que, entre otros requisitos, cumplan con estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, o haber residido de forma continua en Nicaragua los cuatro años anteriores a la elección.
El CSE recordó a los partidos “no inscribir” candidatos “que encabecen o financien un golpe o intento de golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”.
OPOSICIÓN TEME MÁS INHABILITACIONES COMO LA DE CHAMORRO
Tampoco deben contar con candidatos que “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento extranjero, para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.
Asimismo insistió en que los partidos no deben inscribir a “aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico”.
El aspirante a la Presidencia Félix Maradiaga afirmó que el CSE “desde ya quiere sacar del proceso electoral a cualquier candidato que tenga amplio respaldo popular, como ya lo está haciendo con Cristiana Chamorro. Este acto cobarde, de impedir desde ya la verdadera competencia electoral no debe ser reconocido como legítimo por ningún partido opositor”.
Chamorro, quien según Cid Gallup podría vencer a Ortega en las elecciones, fue inhabilitada por la Justicia esta semana para concurrir a las elecciones y acusada por el Ministerio Público de los delitos de “gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso con lavado de dinero, bienes y activos”.
El precandidato Arturo Cruz, un exembajador del Gobierno del sandinista Daniel Ortega (2007-2009) y uno de los aspirantes que cumple con casi todos los requisitos que exige el CSE, afirmó: “si continúa la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que este servidor no participe en ese proceso (electoral)”.
Ortega, quien gobierna desde 2007 tras haberlo hecho entre 1979 y 1990, se jugará en noviembre próximo 42 años de primacía casi absoluta sobre la política nicaragüense.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha advertido que Nicaragua se encamina «a las peores elecciones posibles», al calificar como un «nuevo atentado a la democracia» la inhabilitación de Chamorro Barrios, ya que imposibilita «más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes».
Mientras la Comisión Europea pidió el jueves liberar a Chamorro.
