Bogotá, 8 junio de 2021.- Un informe de organizaciones sociales entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que durante las protestas en Colombia al menos 20 personas murieron por disparos directos de arma de fuego por parte de la Policía, a pesar de que la fuerza pública tiene prohibido su uso durante manifestaciones.
Este informe recoge que «al menos 20 personas murieron como consecuencia de estos disparos de arma de fuego y 184 situaciones donde la Policía ha accionado estas armas, donde 70 han recibido un impacto de arma de fuego y han quedado heridas», según dijo el codirector de la ONG Temblores, Alejandro Lanz, durante una rueda de prensa donde repasaron los datos que han ido recogiendo en estas seis semanas de protestas.
«El uso indiscriminado de armas de fuego desproporcionado y desmedido contra manifestantes se volvió como el principal foco de violencia homicida contra manifestantes», denunció Lanz, a pesar de que su uso está prohibido.
El Gobierno colombiano estableció el pasado enero un nuevo protocolo, ordenado por la Corte Suprema, para la intervención policial de las protestas ciudadanas, que incluía la prohibición del uso de armas de fuego por parte de los uniformados.
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Sin embargo, tanto la información y triangulación de estas organizaciones como videos en redes sociales revelan que la Policía ha accionado sus armas directamente contra protestantes, como en el caso de Marcelo Agredo, un menor que murió en Cali el primer día de protestas (28 de abril), después de que propinase una patada a un patrullero en la espalda y este disparase varias veces a quemarropa contra él.
Estas organizaciones también han evidenciado más usos desmedidos de la fuerza por parte de la Policía como el de armamento de letalidad reducida -que sí está permitido en la contención de protestas- directamente contra el cuerpo de los manifestantes hasta en 193 ocasiones, que en casi el 90 % de las veces ha resultado en heridas a manifestantes o viandantes y ha ocasionado otros tres homicidios.
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Y también otros abusos policiales como los sexuales, el lanzamiento de gases lacrimógenos o aturdidoras a viviendas particulares, donde se han registrado al menos dos muertes de personas mayores, entre ellas Jovita Osorio, una señora de 73 años que falleció de un paro cardiorrespiratorio en Cali (suroeste) el pasado 30 de abril, después de que los gases lacrimógenos llenaran su casa.
Según los datos de Temblores y el Instituto de Desarrollo para la Paz (Indepaz) ha habido 74 víctimas mortales desde el comienzo de las protestas, entre ellas 45 de las que responsabilizan directamente a la Policía, la mayoría de ellas ocurridas en Cali; mientras que la Fiscalía reporta al menos 20 muertos.
PREOCUPAN LAS LESIONES OCULARES Y LA DESAPARICIÓN
También estas organizaciones sociales vienen reportando un aumento en las lesiones oculares a manifestantes, una práctica que «se está volviendo cada vez más frecuente, a pesar de que todavía no estamos hablando de las cifras que se manejaron en Chile en el 2019», según explicó en la rueda de prensa la directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión (PAIIS) de la Universidad de Los Andes, Juliana Bustamante.
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Hay «65 casos de lesiones oculares, lo cual nos indica que la frecuencia y la similitud en la práctica se trata de una acción que no es accidental sino deliberada que tiene además un propósito de castigo y de disuasión contra el derecho a la protesta», aseguró la investigadora.
Igualmente otras de las violaciones de derechos humanos que preocupan a estas organizaciones son las desapariciones que se han dado durante las protestas y de las cuales las autoridades colombianas aún buscan a 91, según la Defensoría.
«Una de las prácticas más comunes y repetitivas que se ha presentado en este momento es el de la desaparición forzada, pero además de las más difíciles de investigar», aseguró el coordinador de Indepaz, Leonardo González.
En el informe recogen hasta 365 desapariciones forzosas que supone la libertad de una persona por más de 36 horas, sea quien sea el autor (particular o autoridad), por lo que hay detenciones ilegales y también incluyen casos de personas que ya han aparecido, pero que fueron retenidas con la intención de desaparecerlas.
Estas tres organizaciones entregaron el informe con todos estos datos a la misión de la CIDH que se encuentra realizando una visita de trabajo desde hoy hasta el jueves para documentar la situación de derechos humanos en varias ciudades colombianas durante las protestas.
