Redacción Análisis Urbano
Los grupos armados ilegales “post desmovilización AUC”, tal como los denominó Jorge Enrique Calero Chacón, director del Sistema de Alertas Tempranas, cooptaron las funciones del Estado en la invasión Nuevo Jerusalén o Finca El Cortado desde 2006 hasta hoy, estableciendo un reinado tenebroso que sembró el territorio con la muerte: la zona en sí podría ser una enorme fosa común, y hasta cadáveres se han encontrado algunos habitantes cuando preparan el terreno para levantar su casa.
De acuerdo con las denuncias que Análisis Urbano viene recibiendo por parte de miembros de la comunidad de El Cortado, el terreno que bordea la parte alta de la invasión podría albergar algunos desaparecidos del Valle de Aburrá. “Todos saben pero nadie es capaz de hacer nada, obviamente nos da miedo que nos maten, pero todos saben que la parte de los cafetales, y arriba donde está el nacimiento de agua es el sitio preferido para enterrar a sus víctimas. Pero si usted pregunta nadie le va decir nada”, denunció una persona que vive en la invasión.
De acuerdo a las indicaciones que aportaron varias fuertes, para ubicar las fosas se debe tomar la carretera principal que pasa por El Cortado hasta su final. La vía termina en una especie de camino en tierra que conecta con unos cafetales los cuales deben atravesarse hasta dar con una quebrada, que ya está algo seca; el agua debe seguirse hasta dar con su nacimiento y una vez allí, encima del nacimiento, se halla una roca enorme, este sería el punto crítico de la fosa.
Según las denuncias, la roca estaría rodeada de cuerpos que ante de ser enterrados fueron desmembrados y cubiertos de cal. “Ni siquiera les importaba que nosotros sacáramos el agua de allí del nacimiento, y ahí al lado enterraban a la gente”, afirma un habitante. El cafetal también sería utilizado para enterrar víctimas, pero los denunciantes no ubican un sitio exacto como el de la roca, por el contrario, afirman: “No, el cafetal es todo, ellos han enterrado gente en toda esa zona, pero ellos controlan ese sector y no dejan pasar a nadie. Un sitio exacto ahí de entierro: todo el cafetal”.
Desde el 2006, habitantes de El Cortado tienen conocimiento de esto y desde entonces viven intimidados. Algunos quieren incluso mostrar el sitio exacto a las autoridades pero temen enormemente pagar con su vida el acto que se podría considerar de valentía, e incluso hay quienes tienen familiares allí enterrados y no son capaces de reclamarlos porque el miedo los inmoviliza.
Este es sólo parte del ambiente que rodea la invasión conocida como Nuevo Jerusalén y en este 2015 las autoridades aún no han hecho nada para solucionar la situación.
¿Desacato en fallo de acción popular?
En enero de este año, AnalisUrbano.com emitió dos informes Nuevo Jerusalén, nuevo nido paramilitar del Valle de Aburrá y El caso Nuevo Jerusalén es conocido por la institucionalidad y aún no se ha hecho nada en los que se aportaban pruebas del conocimiento que tenía la institucionalidad, desde las administraciones municipales de Bello y de Medellín hasta la Gobernación de Antioquia, sobre la criminalidad que atormenta a la comunidad de este sector, y aún ignoran la problemática, no se manifiestan y no dan la cara frente al problema.
Una acción popular fallada en segunda instancia, el 25 de noviembre de 2013, básicamente ordena la recuperación del sector y la reubicación de la comunidad; un año después la orden no se ha cumplido lo que podría constituir un desacato de todas las instituciones involucradas.
La solución al tema de Nuevo Jerusalén o El Cortado, no está pasando de ser un par de reuniones insulsas del comité de verificación de cumplimiento de fallo, que no aporta salidas concretas al problema y por el contrario se volvió un espacio de distracción en el que no hacen otra cosa que rebotar culpas y responsabilidades entre las entidades representadas que allí asisten.
Lo extraño del asunto es por qué, un año después del fallo, el juez a cargo del caso no ha dictaminado un desacato ante las evidentes omisiones de cumplimiento… sólo se espera que el trasfondo no sea un fraude procesal.
