La Paz, 17 junio.- El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) se acogió al silencio al presentarse este jueves ante la Fiscalía que le citó a declarar dentro de las investigaciones por la crisis política y social de 2019 que para el oficialismo fue un «golpe de Estado» en contra del exmandatario Evo Morales.
Tras salir del Ministerio Público, Mesa leyó a los medios un documento que entregó a los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala en el cual expuso las razones por las que se acogió al silencio, recordando que es un derecho amparado en las normas vigentes y que no supone admisión de culpa.
«Mis respuestas fueron me acojo al derecho al silencio, pero fundamentalmente me acojo al desconocimiento de un proceso político cuyo objetivo es manipular la verdad, crear un falso relato de la historia, blanquear un fraude electoral e inventar un golpe de Estado inexistente», resumió el exmandatario.
En el documento, Mesa señala que el proceso penal por el llamado caso «golpe de Estado» no tiene «ninguna base de legalidad» por la vigencia de las leyes para llamar a nuevas elecciones tras las anuladas en 2019 y para prorrogar los mandatos del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez y del anterior Legislativo, normas que reconocen a ambos «como constitucionales».
Mesa, que fue candidato en los fallidos comicios de 2019, asegura que el caso se basa en «hechos falsos» y busca tapar el «fraude electoral» a favor de Evo Morales ese año que fue «documentado» por una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitada por el entonces gobernante.
Además sostiene que se sustenta en una «manipulación de pruebas aparentes» sobre declaraciones de personas «sometidas a la presión carcelaria y fiscal», en una aparente alusión a Áñez, ya que la Fiscalía le citó después de que la exmandataria le mencionara junto a una treintena de personas en su propia comparecencia.
CRÍTICA Y RESPUESTA
El caso «pretende alcanzar legitimidad ante la sociedad, legalizando lo ilegal y convertirse en un elemento de manipulación de ‘pruebas’ y de ‘forzadas autoincriminaciones'» para «destruir todo vestigio de oposición» como lo hizo el Gobierno de Evo Morales y ahora busca hacer el Ejecutivo de Luis Arce, dice el documento.
«No voy a convertirme en propiciador de un cadalso jurídico para quienes serán convocados a declarar y eventualmente serán acusados de un delito inexistente, cuyo único objetivo es respaldar la obsesión de Evo Morales por volver a la Presidencia y tender una cortina de humo ante la crisis de salud y desempleo» que Arce no está gestionando «adecuadamente», agrega Mesa.
Por su parte, el fiscal Mejillones señaló que el expresidente se abstuvo de declarar por la «posibilidad» de que sus respuestas le generen alguna «responsabilidad» en el caso.
La comisión investigadora analizará «si corresponde» calificar la conducta de Mesa como una «obstrucción» y si se debe «hacer una ampliación en la investigación» en su contra, añadió.
El llamado caso «golpe de Estado» se inició a instancias de la demanda de una exdiputada oficialista por la crisis que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia en 2019 que para el oficialismo fue un derrocamiento y para la oposición fue consecuencia de las denuncias de fraude electoral en su contra.
Áñez y dos de sus exministros están en prisión desde hace más de tres meses por este caso.
