Washington, 23 junio.- La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, denunció este miércoles una «intensificación» del estado de excepción de facto en Nicaragua, de cara a los comicios de noviembre próximo.
Así lo manifestó Urrejola en la presentación de un informe de la comisión sobre la situación en Nicaragua durante una sesión virtual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tiene su sede en Washington.
Urrejola destacó que en Nicaragua se está produciendo un «cierre de los espacios democráticos bajo la estrategia que busca impedir e inhibir cualquier manifestación contraria al Gobierno» del presidente Daniel Ortega.
«Los hechos ocurridos estas semanas indican una nueva fase de la represión de cara a las próximas elecciones, que pone en duda la voluntad de Estado de Nicaragua de celebrar elecciones libres y transparentes», indicó.
La responsable de la CIDH apuntó que recientemente se ha recrudecido la persecución penal de líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y periodistas en ese país.
Recordó que en los últimos 20 días 5 precandidatos opositores a la Presidencia han sido «detenidos y criminalizados»: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora.
En ese mismo lapso, la CIDH ha tenido conocimiento del arresto de al menos 20 dirigentes opositores y empresariales, así como de activistas de derechos humanos y periodistas.
Urrejola detalló que algunas de esas detenciones fueron llevadas a cabo con un «uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional», y que en la mayoría de los casos se allanaron domicilios sin órdenes judiciales.
Puntualizó, además, que gran parte de los detenidos, salvo Cristiana Chamorro, están siendo investigados bajo «la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz», que sanciona actos como traición a la patria, pero que no establece tipos penales en concreto.
A ese respecto, Urrejola lamentó que no haya información sobre las acusaciones específicas contra la mayoría de arrestados, que están en detención preventiva sin imputación fiscal hasta 90 días, gracias a una reforma procesal llevada a cabo este año.
Asimismo, denunció que el Estado nicaragüense no está garantizando a los detenidos el derecho a una defensa legal adecuada, ya que restringe el acceso a abogados y les está asignando uno de oficio.
La mayoría de los arrestados se encuentran incomunicados y la CIDH ha recibido información de la celebración de «audiencias secretas sin representación legal» desarrolladas en instalaciones que no son juzgados ni sedes de tribunales en Managua.
Según Urrejola, sus familiares y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la falta de información sobre el paradero de los detenidos y su estado de salud.
La presidenta de la CIDH reiteró que su organismo lleva hablando del «prolongado quebrantamiento del estado de derecho» en Nicaragua desde el informe que emitió sobre este país tras su visita al inicio de la crisis en 2018.
En ese sentido, recordó que la represión de las protestas en 2018 causó la muerte de 328 personas, más de 2.000 heridos, 100.000 desplazados a otros países y 1.600 detenidos.
«Actualmente, más de 124 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria», advirtió Urrejola, quien agregó que la CIDH ha recibido en lo que lleva de año 27 solicitudes de medidas cautelares de personas de Nicaragua, la mayoría este mes, frente a las 26 de todo 2020.
El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó en la misma sesión la presentación de este informe, que calificó de «falaz y malintencionado».
«Condenamos la manipulación e instrumentalización de este organismo (la CIDH), que está siendo utilizado como punta de lanza del Gobierno de EE.UU. en su guerra de agresión contra Nicaragua y su descarada injerencia en elecciones», subrayó Alvarado.
El embajador señaló que «el doble rasero, el cinismo y la difamación» son los objetivos políticos que EE.UU. busca a través de la CIDH.
«Nicaragua no es protectorado ni colonia de ninguna potencia regional ni extrarregional -afirmó-. Ni la OEA ni este consejo permanente puede autoatribuirse facultades supranacionales ni pretender dirimir como un tribunal los asuntos soberanos que competen a los nicaragüenses».
Alvarado cargó contra los Gobiernos de Chile, Costa Rica, Canadá y Uruguay después de que sus representantes criticaran al Ejecutivo de Ortega.
En el caso concreto de Uruguay, el embajador nicaragüense llamó «dictadura» al Gobierno uruguayo, lo que suscito la protesta del representante uruguayo.
