La Paz, 25 junio.- La Justicia boliviana declaró este viernes en «rebeldía» a dos exiministros de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez por no presentarse a declarar en el caso de la compra con presunto sobreprecio de material antidisturbio.
Luego de la audiencia cautelar, el fiscal Anticorrupción Junior Flores informó a los medios que se determinó emitir la resolución de «declaratoria en rebeldía» en contra de los exministros de Gobierno (Interior) Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López por no presentarse y no justificar su ausencia.
En la audiencia se presentó el abogado del exministro López, quien manifestó que su defendido se encuentra en la «clandestinidad», indicó Flores.
«La investigación se va a llevar a cabo en ausencia de estos sindicados», manifestó Flores al comentar lo que implica la declaratoria de rebeldía.
Además se determinó realizar las «anotaciones preventivas de los bienes de los imputados» en el que se enviarán los «oficios» correspondientes a distintas instituciones para el congelamiento de las cuentas bancarias y registrar sus pertenencias.
La jueza Claudia Castro acotó que esta declaratoria se determinó a solicitud de la Procuraduría General del Estado y el Ministerio Público y que ahora debe ser publicada en medios escritos, según informan los medios locales.
La Justicia boliviana indaga la compra de material antidisturbio con presunto sobreprecio en el mandato de Áñez, en el que se involucra a los exministros Murillo y López.
El Gobierno de Luis Arce explicó en pasadas ocasiones que en el Gobierno de Áñez se pagaron 5,6 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos en 2019, pero que a la empresa se le cancelaron solo 3,3 millones de dólares para su adquisición, por lo que hay un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
Ambos exministros son investigados por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución, e incumplimiento de deberes.
Actualmente Murillo se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de corrupción y lavado de dinero, mientras que el Gobierno de Luis Arce pretende extraditar a López quien se cree que se encuentra en Brasil.
La audiencia de Murillo en ese país está programada para el próximo 9 de julio y en caso de ser declarado culpable enfrentaría una condena de 20 años de prisión.
Por este caso también se investiga si el Gobierno de Ecuador del expresidente Lenín Moreno entregó material antidisturbio e incluso «municiones de guerra» a la exmandataria Áñez.