Redacción Análisis Urbano
“Soy padre de familia y no quiero dejar huérfanos a mis hijos, pero estoy cansado de la vida que estamos soportando quienes no tenemos otra parte para vivir”, esta es la postura de uno de los habitantes que viven en el asentamiento Nuevo Jerusalén, lo triste es que el pensamiento se repite en casi el 80 por ciento de más de 5 mil personas que allí habitan.
Nuevo Jerusalén es un asentamiento ilegal que se formó hace más de siete años sobre un terreno conocido como El Cortado, perteneciente al municipio de Medellín, pero ubicado en la jurisdicción territorial del municipio de Bello.
La tierra fue invadida y la situación se denunció a tiempo frente a las autoridades competentes. El sector contaba con una protección minera y con una protección ambiental que lo volvía inhabitable, especialmente porque el terreno es inestable y con gran peligro de deslizamiento. El problema fue conocido por los secretarios de gobierno de ambos municipios y evaluado por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), que en respuesta confirmó lo advertido: El Cortado no puede ser habitado.
En principio, la invasión la iniciaron las familias víctimas del desplazamiento intraurbano que deja la violencia en el Valle de Aburrá. Según algunos fundadores, no superaban los 40 grupos familiares y estaban allí porque no tenían otra opción. Al poco tiempo aumentaron los habitantes y entre ellos llegaron algunos hombres resultantes de la fallida desmovilización paramilitar del Bloque Héroes de Granada, quienes seguían delinquiendo ahora bajo las órdenes de la estructura criminal conocida como Oficina de Envigado.
Estos hombres seguían con la misma estructura, militar y jerárquica, que ostentaban al portar las siglas AUC pero ahora, como en muchos barrios populares del Valle de Aburrá, entraban con fachadas de organizaciones sociales por medio de las cuales controlaban los territorios y capturaban la participación política de las comunidades. En Nuevo Jerusalén, también entraron y, al igual que todas, rendían cuentas a la Corporación Democracia, la misma de la que, hoy se sabe, respondía a alias ‘Don Berna’ y sirvió de oficina de cobro y asesinato para aquellos que no pagaran una “vacuna”, se opusieran a sus intereses, o intentaran de impedir que refundaran el Valle de Aburrá.
En el caso de Nuevo Jerusalén hicieron su lectura política y notaron que sería una mina de oro por medio de la extorsión. La necesidad de la gente llenaría sus arcas y era perfecto porque la miseria y la pobreza siempre son ignoradas por el Estado. La personas desplazadas o de bajos recursos necesitaban un lugar para vivir y El Cortado reunía 62 hectáreas. Fue entonces que inició la venta ilegal de lotes, la misma que conoció, en su momento, quien era el secretario de Gobierno de Medellín, Juan Felipe Palau y que Defensoría del Pueblo denunció era realizada por los grupos armados.
En menos de un año se vendieron casi 500 lotes a un valor de 4 millones cada uno. En otras palabras, en menos de un año se hicieron con 2 mil millones de pesos; hoy son más de 5 mil lotes vendidos y no a 4, sino a 8, 9 y 10 millones lo que les ha dejado una ganancia que supera los 40 mil millones de pesos. La venta de lotes aún continúa pese al fallo de un juez que ordena a las autoridades judiciales y militares que frenen inmediatamente el delito que ahora cuenta con un agravante: les ordenan a los habitantes el desalojo, no del lote, sino de la vivienda que los “propietarios” construyeron y luego es revendida a un precio una o dos veces mayor al que se pagó por el predio; generalmente busca ser repoblada por gente afín al grupo armado, pero a los “propietarios” desplazados que piden volver se les permite el retorno siempre y cuando paguen (nuevamente) la casa y sus mejoras, aunque sean los retornantes quienes las edificaran.
Con los servicios públicos ocurrió básicamente lo mismo. La comunidad de manera sana y organizada aportó trabajo y capital para construir un acueducto comunitario y también se hicieron con una energía artesanal, servicios por los que nadie responde ni en calidad, ni en cantidad, ni en salubridad. Hoy pagan por ellos y no lo hacen a EPM ni a otra entidad autorizada para suministrarlos así sea comunal; el pago se hace a los emisarios de los grupos armados, que por estos días -gracias a que el tema se empezó a denunciar- fueron removidos en su totalidad y renovados por nuevos rostros.
El pago de los servicios, que ya lo ha denunciado Análisis Urbano, logra superar los 1500 millones de pesos anuales (20 mil por el agua y 6 mil por la luz de manera mensual), sumado a lo que deja la venta ilegal de lotes podría ser la razón por la cual las autoridades no han resuelto una problemática que por fallo judicial se ordenó resolver desde el 25 de noviembre de 2013. Los dineros podrían estar costeando la nómina paralela (sector estatal al servicio del crimen) que impide que se resuelva la problemática en Nuevo Jerusalén, logrando que -pese a las denuncias- el territorio permanezca intacto y a merced de los criminales, burlando así hasta las instancias judiciales. Y, escrito sea de paso, es hasta sospechoso que, un año después del fallo y ante el evidente incumplimiento, el juez del Juzgado 26 Administrativo de Medellín, Saul Martínez Salas, no haya dictado un desacato del mismo; este hecho, en cualquier país organizado y respetuoso de sus leyes, sería material para una investigación por prevaricato por omisión al no compulsar copias a la fiscalía para que se investigue por fraude a resolución judicial.
Análisis Urbano denuncia y seguirá denunciando, la institucionalidad ignora y al parecer seguirá ignorando, la comunidad resiste pero no sabe hasta cuándo seguirá resistiendo. Habitantes consultados por este medio declararon que los controles aumentaron en el territorio. Alias Germán, el criminal que manda en el sector, debido a las denuncias, envalentonado hinchó pecho y manifestó que “ni por el putas lo sacaban de ahí”, que ni la ley podría con él aunque viniera en forma de policía. Estas declaraciones las secundó alias Cuencas otro mando medio de Nuevo Jerusalén, y de más no está decir que contaron con el apoyo de su jefe, alias ´Chato’ a quien también llaman ‘Tavo’.
La gente le teme a Germán y reconocen que está en estado de paranoia, algunos afirman que él (o alguno de sus hombres) llega al punto de frenar el paso de cualquier habitante, exigirle el celular, y revisar sus correos y redes social para dar con pistas que le lleven a descubrir quiénes son los denunciantes de la problemática que se vive en Nuevo Jerusalén.
Cuando pasan cobrando los servicios públicos, en cada vivienda vociferan sobre el tema de las denuncias al tiempo que, de manera bravucona, dicen: “Nos vamos a enterar quién es el ‘hijueputa’ sapo”.
De acuerdo, con los testimonios recogidos, en Nuevo Jerusalén se pueden ubicar mandos medios que permanecen allí constantemente, entre los que estarían alias ‘Germán’, alias ‘Cuencas’, alias ‘Boyaco’, alias ‘Nelson’, alias Mono y alias Mario; este último estaría, al parecer, a cargo de un establecimiento comercial cerca al sector de la torre, centraliza los números telefónicos de todos y los mantiene informados de los acontecimientos del “morro”, como llaman a Nuevo Jerusalén.
El control territorial e ilegal en Nuevo Jerusalén es tan poderoso, que, pese a la oleada de denuncias que los delata, se toman el poder para asesinar convencidos de que no pasará de ser más que una nota ligera en un periódico amarillo de circulación diaria. De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, el homicidio de Jorge Quintero, ocurrido el pasado 11 de febrero, se habría dado porque la persona prestaba servicios de vigilancia al tubo de gasolina y a la maquinaria de los trabajadores Ecopetrol sin contar con el permiso de los criminales. Otros denuncian que, supuestamente, habría sido en represalia ante la negativa de la empresa a pagar la “vacuna” para trabajar en el sector.
Nuevo Jerusalén es un problema denunciado tanto por fuentes oficiales como por habitantes del asentamiento. Las denuncias dejan claro que la problemática existe y la población está cansada y temerosa. Organismos oficiales de investigación realizaron una muestra que les permitiera conocer la magnitud de lo denunciado, hoy declaran que del 100 por ciento de entrevistas, sólo el 15 por ciento negó lo ocurrido; el porcentaje restante respaldó y reconoció la denuncia.
Las cabezas de la Gobernación de Antioquia y las alcaldías de Bello y Medellín siguen sin pronunciarse en un asunto que, mínimamente, les valdría unos días de arresto por desacato, tanto a ellos como a las comandancias del Ejército y de la Policía Nacional. Se podría decir que Nuevo Jerusalén es el botín criminal que la institucionalidad pretende ignorar; ahora sólo queda esperar y ver cuánto tiempo más soporta esta bomba de tiempo ante de que les estalle en las caras.
Eso sí, si deciden actuar, que no olviden que el fallo del juez no ordena un desalojo a sangre y plomo, la orden es la reubicación de los habitantes de El Cortado en un territorio legal y con mejores condiciones, seguras y más salubres, sobre todo que les permita una vida integra y de mejor calidad.
Si no se tiene presupuesto, que se recuerde que a costa de esta gente, de las estafas y extorsiones a las que los sometieron y aún los someten, ya se han guardado más de 50 mil millones de pesos en el erario criminal, fondos de los que se paga la nómina paralela. En pleno año electoral, sería bueno un acto de redención, la revisión fiscal de mucho mandatario, político, juez, funcionario público y miembro de las fuerza militares; en el Valle de Aburrá ya pocos ignoran cuáles son las administraciones cuestionadas.
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