Washington, 30 junio.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este miércoles sobre la «asfixia intensa» de las libertades civiles y políticas en Nicaragua, que afronta una ola de arrestos de precandidatos presidenciales y otros dirigentes opositores con miras a las elecciones generales del 7 de noviembre.
«Lo que identificábamos como un atropello constante, en las últimas semanas ha derivado en una asfixia intensa al ejercicio de las libertades civiles y políticas», advirtió el relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro José Vaca, en una audiencia pública de la Comisión sobre la situación de los derechos políticos en el contexto electoral en Nicaragua.
Vaca consideró que «si hay años y si hay momentos en los cuales debería brillar en nuestras sociedades el pluralismo, la diversidad, la controversia, el tener miradas distintas sobre lo que pasa en nuestro entorno, es en contextos electorales».
Por eso, denunció que en un «año que debería ser plural», se observen encarcelamientos, restricciones a las libertades y exilio.
La sesión, celebrada de forma virtual, tiene lugar después de que las autoridades nicaragüenses detuvieran en las últimas semanas a Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora, aspirantes a la Presidencia, así como a otras figuras opositoras.
Nicaragua rehusó participar en esta audiencia, como recordó la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola.
«Nadie imaginaba que cuando esta audiencia tuviera efecto íbamos a encontrarnos en la situación en la que estamos actualmente», admitió Urrejola, al apuntar que la sesión fue solicitada «con anterioridad a la actual grave crisis de derechos humanos», aunque admitió que «se veía venir una grave situación en relación a los derechos políticos en el contexto electoral de Nicaragua».
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, lamentó por su parte que el país atraviese “una de las peores crisis de derechos humanos de las últimas décadas» y apuntó que su efecto sobre las personas «ha sido tan devastador que ninguna cifra lo puede revelar en toda su dimensión».
Como «muestra viva» de estos «tres años de terror» recordó que 125 personas permanecen encerradas en las cárceles «injustamente» y clamó por su inmediata liberación.
La activista reconoció que la persecución en su país «no es sólo con los candidatos y con los políticos que están impulsando la posibilidad de elecciones», y confesó que como defensores de derechos humanos sienten miedo.
«El miedo es una forma de represión que nos ha impuesto la dictadura», lamentó, aunque admitió que vencerlo «es una forma también de resistir».
Por su parte, Arlette Serrano, abogada especialista en derechos humanos en Nicaragua, pidió a la CIDH que solicite el cese inmediato de la represión generalizada contra la población nicaragüense, que demanda respeto a sus derechos.
Serrano advirtió sobre una estrategia sistemática para prohibir cualquier forma de manifestación y consideró que la libertad de expresión en ese país «está totalmente coartada y hay un clima de terror» que impide que se ejerza ese derecho.
