Johannesburgo, 16 julio.- Una semana después del inicio de la oleada de disturbios y saqueos masivos que ha asolado Sudáfrica, el Gobierno ratificó este viernes que cree probado que los incidentes fueron «instigados» y que la situación está ya «estabilizada», pero indicó que el balance de muertos asciende a 212 y el de detenidos a 2.524.
«Sí, (la situación) está completamente estabilizada», afirmó en una conferencia de prensa la ministra en funciones de la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni.
La región más afectada por el estallido de violencia es la oriental provincia de KwaZulu-Natal, donde el número de muertos suma 180 y el de detenidos a 1.692.
Allí, el contexto es aún «tenso», según Ntshavheni, pero mejora firme y gradualmente.
En el otro gran epicentro de los disturbios, la provincia de Gauteng (donde están Johannesburgo y Pretoria), los arrestos se cifran en 862 y las víctimas mortales en 32.
«Podíamos haberlo hecho mejor pero estábamos sobrepasados», reconoció esta mañana el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, durante su primera visita a las zonas devastadas, en concreto los centros comerciales del área de la ciudad costera de Durban (este), una de las urbes más golpeadas por la violencia.
El presidente recalcó también que se va a localizar a los presuntos responsables de espolear la violencia y aseguró que la Policía y los servicios de inteligencia ya tienen una idea formada de lo ocurrido.
UNA OLEADA DE VIOLENCIA INSTIGADA Y ORGANIZADA
«Está bastante claro que todos estos incidentes de agitación y saqueos fueron instigados. Hubo instigadores, hubo gente que los planeó y los coordinó», afirmó Ramaphosa también desde Durban.
«Vamos a por ellos, hemos identificado a un buen número de ellos y no permitiremos que la anarquía y caos se desplieguen en nuestro país. Desafortunadamente, se ha hecho mucho daño y gente ha perdido su vida», lamentó Ramaphosa, sin abundar en detalles.
Sí que hizo más precisiones posteriormente Ntshavheni, quien reveló que, por ejemplo, se encontró munición y explosivos acumulados en KwaZulu-Natal, además de otras pruebas que para el Gobierno demuestran que hubo «coordinación».
Pese a todo, la ministra descartó que sea «terrorismo doméstico», sino más bien un intento de «sabotaje económico».
Aunque el Gobierno no ha señalado aún públicamente a presuntos culpables más allá de afirmar que se investiga a 12 supuestos instigadores (uno de ellos ya detenido), los medios locales colocan en el centro de las pesquisas a familiares, exespías y veteranos antiapartheid militarizados afines al expresidente Jacob Zuma.
El portal News24 avanzó que uno de los nombres sospechosos, el exespía Thulani Dlomo, se entregó esta tarde a las autoridades.
DISTURBIOS SIN PRECEDENTES EN DEMOCRACIA
La oleada de incidentes comenzó el pasado 9 de julio, inicialmente en forma de protestas por el encarcelamiento del polémico expresidente Jacob Zuma (2009-2018) por el desacato judicial cometido al negarse repetidamente a declarar por corrupción.
En los siguientes días, los altercados se replicaron en otras zonas -especialmente en Johannesburgo- y se tornaron en una ola de disturbios y saqueos masivos, con turbas arrasando centros comerciales y tiendas, quemando edificios y vehículos y cortando carreteras y calles.
La violencia se veía así alentada por problemas sociales preexistentes, como la extrema desigualdad, el desempleo, los elevados niveles de criminalidad general en el país y el malestar por la pandemia de covid-19.
Los desórdenes ocurrieron, de hecho, en el peor momento de una agresiva tercera ola de covid-19 en el país -el más golpeado por la pandemia de África, con unos 2,2 millones de contagios y casi 66.000 muertes-, que se prevé que empeore en los próximos días.
Desde el flanco del expresidente encarcelado, los impulsores de la campaña «#FreeJacobZuma» (Liberad a Jacob Zuma) que, liderada por dirigentes locales y veteranos del oficialista Congreso Nacional Africano (CNA), defiende que el exgobernante es víctima de una persecución, emitió hoy un comunicado rechazando la violencia pero apuntando que advirtieron de que podría haber incidentes.
«Intentar convertir ahora en chivos expiatorios a los que habían alertado de las funestas consecuencias de las temerarias y triunfalistas acciones es hipócrita y el culmen del oportunismo y el cinismo políticos», señaló esa campaña.
Mientras avanzan las investigaciones, en las calles fuertemente custodiadas por la Policía y por un despliegue militar de 25.000 soldados, cientos de ciudadanos se seguían afanando hoy en limpiar las huellas de la devastación de los últimos días.
También muchos se organizan para conseguir alimentos y bienes de necesidad básica, difíciles de obtener en las zonas afectadas tanto por las interrupciones de los suministros o como por la destrucción de las propias tiendas.
El propio Ramaphosa comparó el lunes pasado la magnitud de estos sucesos con la violencia que el país vivió a principios de los años 90, durante la convulsa transición entre el sistema de segregación racista del «apartheid» y la llegada de la democracia (1994).
Nerea González
