Santiago de Chile, 13 agosto de 2021.- «¿Presos políticos» o «delincuentes comunes?» ¿Indulto o amnistía? La demanda por liberar a las personas detenidas en el marco del estallido social de Chile de 2019 ha adquirido mayor fuerza y visibilidad en las últimas semanas, situándose como uno de los temas de mayor controversia.
Familiares de los detenidos, asociaciones y simpatizantes de la causa comienzan a clamar en las calles, cada vez de forma más asidua, por el indulto de quienes denominan «presos políticos».
Denuncian abuso de la prisión preventiva en contra de los manifestantes detenidos, lentitud de los procesos judiciales y uso de legislación especializada para criminalizar las protestas.
La postura del Gobierno ha sido tajante desde el primer momento, señalando que «en Chile no hay presos políticos» porque «nadie está privado de libertad por cómo piensa» y que, por contra, se trata de «personas que cometieron delitos».
El tema cuenta con un correlato clave en el Congreso, que ya dio el primer paso para que un proyecto de ley que busca el indulto se debata en el pleno de las dos cámaras, mientras la convención que redacta la nueva Constitución aprobó una declaración apoyando la medida, reconociendo también la existencia de «prisión política».
La iniciativa legal no se refiere en ningún momento a «presos políticos», pero sí habla de «persecución del Estado»y «abuso del aparato punitivo».
El texto reconoce que se cometieron delitos que son «punibles» penalmente, pero defiende que acaecieron en un contexto de «violaciones graves y masivas a los derechos humanos», por lo que las conductas de los detenidos pueden verse «como el ejercicio legitimo del derecho a la protesta social».
¿PRESOS POLÍTICOS?
De acuerdo a Amnistía Internacional (AI), «sí han existido elementos políticos» manifiestos en el «discurso y el rol que ha tenido el Gobierno en todo esto», dijo a Efe la directora ejecutiva del organismo en Chile, Ana Piquer.
«La presentación de querellas por Ley de Seguridad del Estado tiene ya en sí mismo un componente político, dado que por disposición de la propia ley, solo el Ejecutivo puede presentar querellas y por tanto valorar los elementos altamente subjetivos de los tipos penales establecidos en dicha ley», afirmó Piquer.
La socióloga y experta en temas de seguridad Lucía Dammert dijo a Efe que la situación de estos presos «aumenta la sensación de desequilibrio en la Justicia», en tanto las autoridades políticas plantean un discurso de mano dura en estos casos y no en otros de «cuello blanco».
En cambio, para el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, «no hay presos políticos en Chile» pues esta categoría «se aplica a personas que están detenidas por ejercer su libertad de expresión, o asociación o el derecho a profesar una religión», lo que en su opinión no se da en Chile.
«También podrían calificar aquellos que están detenidos y acusados de un delito común pero han sufrido violaciones graves al debido proceso por razones políticas. No conocemos evidencias que sugieran que estos criterios existan en Chile», continuó el abogado chileno en una reciente entrevista con un medio local.
¿DELINCUENTES COMUNES?
Quienes se oponen al indulto señalan que si bien el estallido social tuvo un claro trasfondo político, hubo personas que «aprovechándose» de ese contexto cometieron «delitos comunes, no políticos», tal y como dijo a Efe la senadora del partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), Luz Ebensperger.
«Los delitos políticos son aquellos que ocurren contra la institucionalidad política, cosa que no ocurre en intentos de homicidios, lesiones, incendios y saqueos. Con esto lo que se trata de hacer es validar la violencia como manera legítima de actuar en política», afirmó Ebensperger.
La senadora, además, coincidió con el reciente análisis del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien señaló que «más que un indulto (que supone el perdón de la pena de un delito cometido)» lo que se está buscando «es una amnistía (que olvida el delito y extingue la responsabilidad del autor)».
El reporte de la Fiscalía Nacional consigna que los detenidos por las protestas que están en prisión preventiva están siendo investigados por delitos como homicidio frustrado, robos, incendios y porte ilegal de armas, entre otros.
CIFRAS POCO CLARAS
El Ministerio Público cifró en 25 el número de personas que están presas por las protestas, pero diversos organismos apuntan que no existen estadísticas definitivas, lo que se presume clave para la discusión parlamentaria.
El abogado de derechos humanos y vocero de la Agrupación Nacional de Familiares de Presos Políticos, Jaime Fuentes, dijo a Efe que sus registros hablan de 77 personas que se encuentran en prisión preventiva, 120 con arresto domiciliario y hay más de 5.000 formalizaciones por hechos vinculados a las protestas.
De acuerdo a AI, hay múltiples casos en los que tras meses de prisión preventiva la persona sale absuelta o sobreseída, por lo que la medida responde a una «lógica de sanción anticipada en lugar de una cautelar excepcional», dijo a Efe su directora en Chile.
«Todo ello demuestra que ha habido personas presas que nunca debieron estarlo, y que es posible que siga habiéndolas. Esto es algo que, lamentablemente, no se ha abordado debidamente desde las instituciones del Estado», agregó.
Sebastián Silva
