La Habana, 13 agosto de 2021.- El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, rechazó este viernes las sanciones de Estados Unidos a dos responsables del Ministerio de Interior (Minint) y una unidad militar, por su presunto papel en la represión de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio.
Rodríguez calificó en Twitter de «oportunistas» las medidas del Departamento del Tesoro contra el jefe del directorio político de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Pedro Martínez, y su par en el Minint, Romárico Sotomayor.
El Tesoro también impuso restricciones a las Tropas de Prevención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), conocidas como «boinas rojas».
Acusó a Martínez y Sotomayor de haber desplegado a la PNR y otras unidades que dependen de sus cargos, como la brigada nacional especial del Minint, conocida popularmente como «boinas negras», que «atacaron violentamente y detuvieron a manifestantes» en Cuba.
Comunicó, en el caso de las «boinas rojas», que estas estuvieron «implicadas en un forcejeo violento con un manifestante» en el contexto de las protestas.
El canciller cubano respondió hoy que las sanciones «reflejan la doble moral de un gobierno acostumbrado a la manipulación y la mentira para mantener el bloqueo contra Cuba».
Es la tercera vez que Washington sanciona a funcionarios cubanos en relación con las manifestaciones del mes pasado, tras las que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha endurecido su política hacia la isla.
El Tesoro ya sancionó el mes pasado a las «boinas negras» y al ministro de las FAR, Álvaro López-Miera, y hace dos semanas hizo lo mismo con la PNR, su director, Óscar Callejas Valcarce, y su subdirector, Eddy Sierra Arias.
Todas las sanciones bloquean cualquier activo que Martínez, Sotomayor o los integrantes de los «boinas rojas» puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a quienes estén en Estados Unidos negociar con ellos, sobre la base de la ley estadounidense Magnitsky.
Las protestas del 11 de julio en Cuba se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad.
Durante y después del estallido social, que incluyó desde manifestaciones pacíficas hasta enfrentamientos con la policía y saqueos en algunas localidades, se produjo una ola de detenciones de los participantes y supuestos instigadores, entre ellos ciudadanos anónimos, artistas, activistas opositores y periodistas independientes.
El Gobierno no ha ofrecido cifras sobre detenidos, pero sí confirmó que 62 personas han sido juzgadas hasta el momento por participar en las protestas.
A falta de datos oficiales, los activistas han documentado más de 500 detenidos, entre ellos varios menores de edad, mientras organizaciones religiosas asisten a familiares de los arrestados y salen a la luz duros testimonios de personas liberadas los pasados días.
