Quito, 18 agosto de 2021.- El Gobierno de Ecuador destinará 75 millones de dólares en los próximos cuatro años para atajar la crisis de su sistema penitenciario, que en febrero de este año registró su mayor pico de violencia con cerca de 80 presos muertos en motines registrados de varias cárceles del país, aunque no es el único caso.
Así lo anunciaron este miércoles varias autoridades en un evento de presentación del denominado «Plan de reestructuración para el sistema penitenciario», celebrado en el palacio presidencial de Carondelet, en Quito.
En el acto intervinieron la ministra de Gobierno, Alexandra Vela; el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Fausto Cobo, y la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordoñez.
Cobo definió la situación del sistema penitenciario del país como «precaria, caótica, peligrosa y anárquica», con efectos negativos para la seguridad del Estado, y avanzó que los recursos asignados se destinarán a atender las necesidades de infraestructura, tecnología, seguridad y talento humano, indicó un comunicado oficial.
También anunció que entre las acciones prioritarias figuran la implementación del trámite de beneficios penitenciarios para reducir el hacinamiento y mejorar la clasificación de las personas privadas de libertad de acuerdo con los niveles de seguridad.
El plan de reestructuración del sistema penitenciario contempla asimismo la rehabilitación y redistribución de la infraestructura de los centros de Privación de Libertad para garantizar condiciones dignas de habitabilidad, con la construcción de nuevos pabellones y la adecuación de los de máxima seguridad.
Incluye un convenio con la Escuela Politécnica del Ejército y las Fuerzas Armadas para que, a través del servicio militar voluntario, se seleccione el talento humano idóneo que conformaría el Cuerpo de Agentes Penitenciarios al objeto de optimizar recursos.
El sistema penitenciario ecuatoriano está bajo la lupa desde hace años, y son incontables los motines, casos de violencia, ajustes de cuenta y fugas -solo este últimos año ha habido más de 100 muertos-, que expertos achacan al hacinamiento, la corrupción interna y la falta de preparación.
Las cárceles de Ecuador albergan a más de 39.000 presos, cifra que se ha triplicado en los últimos tres lustros y provocado una crisis que se intensificó en los últimos cuatro años con un índice de hacinamiento que llegó al 36 % y que hoy ronda el 30 %.
A este factor se suman las disputas por el poder de organizaciones delictivas vinculadas con el narcotráfico, algunas de las cuales controlan su flujo desde las cárceles, y las denuncias de los familiares de los reclusos que han acusado a responsables penitenciarios de algunos centros de corrupción.
Vela aclaró que la partida presupuestaria se aprobó tras una reunión de Consejo de Seguridad Pública (Cosepe) como parte del compromiso gubernamental de resolver la situación de crisis que enfrenta el sistema de rehabilitación social del país.
Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos ratificó que en ese proceso se vigilará el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad priorizando la seguridad en los centros.
El caso más elocuente de la grave situación se dio en febrero cuando dos bandas protagonizaron un enfrentamiento en cuatro centros penitenciarios que acabó en la muerte de casi 80 reclusos, aunque los casos son constantes y en julio murieron otra veintena en un caso similar.
El Gobierno atribuye los enfrentamientos a las disputas entre bandas.
