La Paz, 20 agosto de 2021.- La Fiscalía boliviana informó este viernes que presentó un requerimiento acusatorio contra la expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez para iniciar un juicio de responsabilidades por las muertes en dos regiones del país en la crisis de 2019.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, explicó que el Ministerio Público presentó este viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia un requerimiento acusatorio en contra de Áñez por las muertes ocurridas en la localidad de Sacaba en Cochabamba y el barrio de Senkata en El Alto, vecina de La Paz, en la crisis política y social de 2019.
Estos hechos están calificados «provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves, y lesión seguida de muerte» que provocaron el fallecimiento de 20 personas, indicó Lanchipa.
«Se funda en elementos recabados bajo los principios de objetividad y transparencia en el desarrollo de la etapa de acumulación de antecedentes», explicó el fiscal.
Lanchipa prosiguió indicando que «a la brevedad posible» se ponga en conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional esa información para «la autorización del juzgamiento» contra Áñez, quien cumple su detención preventiva en una cárcel en La Paz por otro caso denominado «golpe de Estado».
ANTECEDENTES
En julio pasado, la Fiscalía admitió la proposición acusatoria para el inicio de la investigación en contra de Áñez, tras la denuncia interpuesta por los familiares de las víctimas de las llamadas masacres de Sacaba y Senkata.
Estos hechos tienen que ver con los enfrentamientos del 15 de noviembre en Sacaba, cuando grupos cocaleros del trópico de Cochabamba intentaron entrar en esa ciudad y la Policía y el Ejército no les permitió el acceso, y como resultado dejó unos 10 muertos y varios heridos.
El otro suceso se registró el 19 de noviembre de 2019 en Senkata, en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, durante un operativo militar y policial para desbloquear el paso de combustibles desde una refinería, que causó la muerte de 10 personas y varios heridos.
Esta semana, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe sobre los sucesos de 2019.
Este documento concluyó en que hubo «graves violaciones a los derechos humanos» durante la crisis social y política en el último trimestre de 2019, tras los fallidos comicios de ese año.
Dichas fueron anuladas en medio de denuncias de un fraude electoral a favor del entonces presidente Evo Morales, quien por su parte asegura que fue víctima de un «golpe de Estado».
El documento del GIEI consideró «fundamental» avanzar en las investigaciones y procesos por esos sucesos, aunque también advirtió sobre «serias deficiencias» del Estado boliviano para garantizar la «independencia y autonomía» del órgano Judicial y la Fiscalía.
Áñez completa cinco meses en detención preventiva en una cárcel en La Paz por el caso denominado «golpe de Estado» y es investigada por supuestos delitos como sedición y terrorismo.
Además, en el Parlamento están otras proposiciones acusatorias por la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo, la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión y la ampliación de la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio.
