Redacción Análisis Urbano
El reclutamiento forzado es una realidad en los barrios periféricos y el que desoiga la orden está obligado a pagar vacuna si desea continuar en el territorio. A inicios de febrero, Jesús Aníbal Echeverry, concejal de Medellín, denunció que grupos criminales estaban extorsionando a las familias hasta por 10 mil pesos semanales, a cambio de no reclutar los hijos; la noticia tuvo resonancia a nivel nacional y como respuesta el secretario de seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, básicamente, dijo que tenían informaciones pero que denuncias formales ninguna.
Análisis Urbano denunció esta situación en julio de 2014, pero la denuncia fue desconocida y renegada por parte de la Administración Municipal de entonces, en cabeza de Aníbal Gaviria; la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, a cargo de José Ángel Mendoza; la Personería de Medellín y, entrados en detalles, ningún concejal se manifestó al respecto. El desinterés por el tema fue evidente y hoy, Jota y Daniel, dos jóvenes de San Gabriel, uno de los seis sectores que conforman la vereda La Loma, del corregimiento San Cristóbal fueron asesinados por no pagar la vacuna diaria que les permitiría seguir con vida a cambio de no dejarse reclutar.
En un texto titulado Los desterrados de San Gabriel: crónica de un desahucio en los límites de la Comuna 13, Análisis Urbano narró el caso de Daniel, un chico que era barbero y que fue interceptado en el camino por unos criminales -que en el barrio conocen como “los de La Loma”- cuando se dirigía hacia su local de trabajo: “le salieron al paso pocos metros después de salir de su hogar. Lo insultaron, lo desafiaron y lo amenazaron con sus armas. Le pidieron 5 mil pesos diarios, que al parecer era la cuota vital que debía pagar el joven que quisiera quedarse en el barrio desoyendo la orden de reclutamiento, pero Daniel no los dio”.
Con Jota, el otro joven, ocurrió lo mismo y sus casos sólo engrosaron las estadísticas de homicidio de la ciudad. Sin embargo, la muerte de Jota fue la segunda vida que se cobraron los criminales por negarse a pagar la vacuna y no dejarse reclutar; y fue el detonante del desplazamiento masivo que sufrió San Gabriel: 22 familias conformadas por 21 niños, 19 jóvenes, 34 adultos, se vieron obligados a abandonar sus hogares para no perder a ningún otro de sus muchachos y porque no tenían modo alguno de pagar esa vacuna.
El desplazamiento masivo ocupó portada en los medios de comunicación local, nacional y regional y las personas trasteando sus enseres sobre la espalda se robaron la atención, pero en la causa fundamental que era la extorsión y el reclutamiento forzado no se profundizó y esta pasó a un plano casi ignorado.
Esta realidad se repite, desde hace años, en casi todos los barrios periféricos de Medellín en donde hay un cogobierno del crimen. En San Gabriel eran 5 mil pesos diarios, luego fue diez mil pesos semanales y se replicó a otros espacios en las comunas 13, 8, 5, 7, 15 y 16, entre otras. Según información recolectada por Análisis Urbano, la cuota en la mayoría de estos territorios hoy está por 50 mil pesos mensuales. No es un secreto, no es nuevo, en los barrios hace años se conoce esta situación; el secretario Villegas debería saberlo.
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