Bogotá, 3 de noviembre de 2021.- La posición geográfica de Colombia, con costas en el Atlántico y el Pacífico, y los altos índices de deforestación, hacen del país uno de los más vulnerables al cambio climático, por lo cual el gobierno defiende en Glasgow incentivos económicos de la comunidad internacional para las inversiones en «acción climática estructural».
En los últimos años el país ha sentido la devastación causada por fenómenos naturales como la sequía causada por el calentamiento de las aguas del Pacífico (El Niño), las inundaciones en la costa atlántica por La Niña, la acelerada erosión costera en el Caribe y huracanes fuera de sus rutas habituales, como el Eta, que arrasó la isla de Providencia en 2020.
Para hacer frente a esos fenómenos, el gobierno colombiano además de proponer que todos los gastos e inversiones en esta materia queden al margen de la regla fiscal, quiere una mayor implicación de los países ricos en esta lucha.
Así lo manifestó el presidente Iván Duque en Glasgow, donde presentó una propuesta para que «a través del sistema multilateral pueda haber esquemas de condonación o compensación de deuda para lograr objetivos ambientales que tengan relación directa con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero» por parte de los países más pobres.
Duque también presentó una ambiciosa estrategia medioambiental llamada E2050, con la que el país busca reducir en un 51 % las emisiones de gases efecto invernadero para el año 2030 y alcanzar la carbono neutralidad para 2050.
La estrategia tiene nueve pilares: ampliación del conocimiento; gestión integral de la biodiversidad; producción y consumo sostenible; transición justa de la fuerza laboral; desarrollo rural, marino y costero diferenciado; ciudades y regiones resilientes; matriz energética diversificada; movilidad e infraestructura sostenible, y aumento de la capacidad de adaptación del país frente a la crisis climática.
Todo esto, según recalca el gobierno, porque Colombia, aunque solo produce el 0,6 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, es de los países que más siente los efectos del cambio climático, lo que amenaza su rica biodiversidad formada por páramos, selvas, desiertos, cordilleras, miles de kilómetros de costas y ríos, y toda la fauna y flora que allí conviven.
METAS AMBICIOSAS
La directora de Greenpeace Colombia, Silvia Gómez, dijo a Efe que esas metas son bastante ambiciosas, en especial si se las compara con las de otros países de la región que son mayores emisores de CO2.
Sin embargo, se pregunta «qué tan coherente está siendo el gobierno al salir con un discurso progresista, piloto, realmente de vanguardia» cuando sus políticas internas van hacia otro lado.
Gómez explica que el gobierno no tiene fuerza para frenar la explotación petrolera mediante el «fracking», que puede contaminar fuentes de aguas subterráneas, o que el país no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, el primer pacto medioambiental en Latinoamérica.
«Este también es un gobierno que tiene planes para abrir nuevas plantas de carbón cuando todos los gobiernos europeos han decidido frenarlas para 2025», añade.
SELVAS PERDIDAS
Otro problema del país es la deforestación, que en 2020 le costó la pérdida de 171.685 hectáreas de bosques, un aumento del 8 % con respecto al año anterior cuando fueron taladas 158.984 hectáreas, explotación de la que no se salvan ni los Parques Nacionales Naturales, donde se perdieron 15.886 hectáreas el año pasado.
Las principales causas de la deforestación son la praderización, para convertir áreas de bosque húmedo tropical en pastizales para la ganadería, la implementación de malas prácticas de ganadería extensiva, la siembra de cultivos ilícitos para el narcotráfico y la extracción ilegal de minerales.
El plan del gobierno es que Colombia tenga deforestación cero en 2030 -que complementa con la meta ambiciosa de sembrar 180 millones de árboles- y tener un 30 % de su territorio en áreas protegidas.
Sin embargo, la directora de Greenpeace Colombia asegura que pese a los «esfuerzos valiosos» para frenar la deforestación, estas estrategias «no atacan las causas primarias del problema y su integralidad».
«Hay situaciones de desigualdad y de violaciones de derechos humanos a campesinos que terminan siendo los últimos eslabones de la cadena (…) Hay medidas, pues sin duda ha sido un tema prioritario para el gobierno, pero todavía falta mucho recorrido y falta una posición mucho más radical para frenar la deforestación», expresa.
HERRAMIENTA DESAPROVECHADA
El Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 y considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales y apoyo a los derechos humanos, sería una herramienta fundamental para proteger a quienes defienden el medioambiente en Colombia, pero el Congreso hundió este año su ratificación.
La iniciativa, que llevaba mensaje de urgencia del presidente Duque, aunque sus críticos lo acusan de no impulsar su aprobación, fue radicada de nuevo esta semana en el Congreso.
El Acuerdo de Escazú es primordial porque en 2020 Colombia encabezó por segundo año consecutivo la deshonrosa estadística mundial de líderes ambientales asesinados, con 65 homicidios, según el informe «Última línea de defensa», de la ONG británica Global Witness.
«Es muy grave porque estamos hablando de una posición política mediocre y tibia (la de no impulsar la ratificación del acuerdo), que demuestra que realmente el gobierno no está firmemente del lado de la protección de los bosques y de las comunidades que protegen los territorios», afirma Gómez, quien no oculta su preocupación por el futuro de Colombia ante el cambio climático.
EFE
