Bogotá, 13 noviembre de 2021.- Juzgar a los máximos responsables de crímenes en el conflicto armado colombiano es una tarea inmensa que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lleva más de tres años enfrentando y que ha sido más reveladora que la de la justicia ordinaria, según asegura a Efe su presidente, Eduardo Cifuentes.
El acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, firmado en noviembre de 2016, incluía la creación de un sistema de justicia y reparación único en el mundo para juzgar los crímenes de guerra y a la vez servir de encuentro entre víctimas y victimarios, y también buscar personas desaparecidas.
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De juzgar los crímenes de lesa humanidad se encarga la JEP, que investiga hechos como los secuestros por parte de la guerrilla, el reclutamiento de menores o las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército.
«Este sistema transicional ha demostrado en los primeros años de vida que sí es capaz de permitir que se conozca más verdad del conflicto armado de la que nunca antes se había podido reconocer a través de los sistemas ordinarios de la justicia penal en Colombia», dice orgulloso el magistrado Cifuentes.
Es un sistema de tira y afloja, donde si los acusados ofrecen información suficiente sobre los delitos cometidos y asumen su parte de responsabilidad y la JEP considera que dan «un aporte sustantivo a la verdad» pueden obtener «una sanción de carácter restaurativo que apareja también restricción a la libertad para máximos responsables, de 5 a 8 años».
Pero si el aporte no es suficiente, la JEP «lo puede condenar a 20 años de prisión, si no le absuelve».
PRIMERAS SENTENCIAS
La JEP nació en 2017, pero hasta entrado 2018 no pudo echar a andar y en estos tres años y medio ha tenido un «éxito temprano», asevera el magistrado, a pesar de que están tratando de dilucidar hechos que involucran a más de 300.000 víctimas en siete macrocasos.
«A diferencia de la justicia ordinaria, la JEP no se concentra individualmente en el caso a caso, sino que identificamos escenarios de macrovictimización, en los que hemos registrado más de 300.000 víctimas», subraya.
El caso más avanzado, el que investiga los secuestros -y delitos asociados como torturas o violencia sexual- por parte de la guerrilla, ya ha producido autos acusatorios para la última cúpula de las FARC, que ha reconocido su responsabilidad, por lo que se esperan sentencias en «plazos breves».
El otro caso avanzado involucra al Ejército en las ejecuciones y desapariciones forzadas de inocentes para hacerlas pasar por bajas en combate, los «falsos positivos».
Hasta la fecha la JEP ha emitido dos autos donde se acusa a 25 mandos bajos y «el próximo año vamos a concluir las indagaciones para tener ya todos los autos de determinación de hechos y conductas que es realmente el trabajo más exigente en término de investigación».
Cifuentes se ve incapaz de decidir «donde hubo mayor colaboración», si de exguerrilleros o de militares que están siendo juzgados, pero sí cree que ambos casos «ha habido muchos aportes a la verdad».
ZANCADILLAS DEL GOBIERNO
La JEP empezó a marchar a la vez que asumía un Gobierno crítico del sistema de verdad, justicia y reparación, y son repetidas las veces que se ha denunciado la falta de apoyo gubernamental, incluida una merma presupuestal.
Pese a ello, la JEP goza de amplio reconocimiento internacional y no hay representante gubernamental o de organismo internacional de visita en Colombia que no se reúna con su presidente.
El último fue el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien decidió cerrar la investigación preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en Colombia, justamente por el trabajo en esa materia que hace la JEP.
El magistrado saca pecho: «gracias a la presencia, a las actuaciones, a los resultados hasta ahora obtenidos que permite a la CPI entender que por parte del Estado colombiano en cabeza de esta Jurisdicción hay voluntad de administrar justicia genuina».
Sin embargo, este anuncio resintió a organizaciones de derechos humanos que tras décadas sin resultados no confían en la Justicia colombiana y creen que puede ahondar la impunidad.
«No deben manifestar este miedo ante la JEP», tranquiliza Cifuentes, que recuerda que si hay algún problema, la CPI puede intervenir de nuevo.
«Espero que eso no llegue a pasar porque estoy seguro de que este gobierno, los próximos gobiernos honran la Constitución política», dice el magistrado, acentuando que por muchas trabas que se pongan a la JEP, su mandato está inscrito en la Carta Magna.
«La Constitución política le ha otorgado un mandato claro a la JEP de perseguir esos crímenes, (…) yo no creo que un presidente ose dejar de lado la Constitución», alega.
NUEVOS MACROCASOS
Tras empezar la recta final de dos de los macrocasos, la JEP, que tiene un mandato no superior a 20 años, se plantea abrir otros, con un llamado especial de organizaciones a que uno sea sobre violencia sexual.
«Hacia el futuro se van a iniciar nuevas priorizaciones», promete Cifuentes, y elucubra: «Violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento son de los delitos más graves cometidos en el conflicto armado interno y estoy seguro que en estas priorizaciones que señala la Sala de Reconocimiento van a tener en cuenta todos esos criterios».
Estos nuevos macrocasos contarán con la ventaja de la experiencia y que ahora la Jurisdicción «conoce mucho más la forma cómo se estructuró las FARC en el territorio nacional (…) y también políticas de la fuerza pública y de terceros».
«De modo que vamos a avanzar inclusive con mayor velocidad hacia el futuro», subraya el magistrado.
Irene Escudero
EFE
