Caracas, 15 de noviembre de 2021 – La promesa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de eliminar tras las elecciones regionales y locales del domingo la entidad paralela en estados regidos por opositores, que él mismo ha denominado «protectora», está en entredicho debido al proyecto de ley de Ciudades Comunales, que contempla otorgar potestades de alcalde a líderes de comunas.
El compromiso fue adquirido el pasado 28 de junio por el mandatario, quien ha designado a su disposición a los «protectores», unas autoridades paralelas a las escogidas a través de elecciones para regir estados y municipios y que el Ejecutivo nombra de forma discrecional.
Las disposiciones se han aplicado en diversas entidades donde las autoridades son opositoras, como el caso de los estados Mérida o Táchira, los cuales se han visto afectados, según sus gobernadores legalmente elegidos, por la falta de apoyo de la Administración central, que otorga responsabilidades y presupuestos a los «protectores».
La figura del «protectorado» no está contemplada en la Constitución.
Según dijo a Efe el abogado y profesor de Teoría Política Constitucional Gustavo Manzo, no hay base jurídica ni legal que sostenga la designación de esta figura.
En el artículo 4 de la carta magna se establece que Venezuela es un «Estado Federal descentralizado», mientras que el 5 señala que la soberanía reside «intransferiblemente» en el pueblo, quien la ejerce, indirectamente, a través del sufragio.
En ese sentido, Manzo sostuvo que el nombramiento de estos denominados protectores es un elemento de «autoritarismo».
«Cuando la Administración de Maduro no logra ganar por las vías de las elecciones (…) o cuando requiere, de alguna manera, hacer ejercicio del poder, ahí van a nombrar un protector», comentó Manzo, quien recordó que esta figura también fue designada recientemente en la principal universidad de Venezuela, dirigida por una académica crítica con el Gobierno.
El pasado septiembre, Maduro titubeó sobre la decisión de eliminar a los llamados protectores al señalar que estaba «arrepentido» porque, a su juicio, los gobernadores de oposición están ausentes, pero finalmente dijo que la medida se mantendría porque se había comprometido con ello.
LAS GARANTÍAS DE LA PROMESA
La promesa, sin embargo, no parece ser una garantía de que se respete la autonomía de las instituciones regionales y locales electas, independientemente de cuál sea el resultado el domingo, pues el proyecto de ley de Ciudades Comunales, que se aplicaría de forma similar a los protectorados, pero en este caso, en alcaldías, se mantiene en discusión desde hace meses.
Le legislación, según expertos y más 100 ONG venezolanas que la rechazan, busca cambiar la distribución político-territorial de Venezuela otorgándole poder y funciones de gobernadores o alcaldes a quienes rijan estas «ciudades».
«Realmente plantea una nueva forma de ver, de organización político territorial y económica venezolana, la forma como se distribuye el dinero, las competencias, la forma como se distribuye el presupuesto, como se gasta», explicó Manzo.
En el artículo 5 de la legislación en discusión se señala que el propósito «fundamental» de la «Ciudad Comunal» es el «desarrollo pleno de la democracia participativa, protagónica» para la «conformación y ejercicio del Gobierno por parte de las comunas».
Y explica que la forma de lograr este ejercicio de Gobierno es a través de «la administración y gestión de las competencias desarrolladas o que le sean transferidas, el establecimiento de normas de convivencia y socialización, y mecanismos legislativos territoriales y de contraloría social para el tránsito hacia la sociedad socialista».
Pero además, en el 56 se indica que los entes del Estado y «entidades político territoriales» deberán «impulsar el proceso de transferencia (…) a las comunas de las Ciudades Comunales», la «gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos».
La ley se enmarca en el denominado proyecto «Plan de la Patria» de Maduro, quien defiende que su forma de gobernar es otorgándole poder al pueblo, aunque los estudiosos de la materia ven en estos proyectos impulsados por el oficialismo una manera de extender o centralizar el poder del mandatario.
De manera que, en opinión de Manzo, las elecciones del 21 de noviembre pueden ser una «forma de maquillar» o «matizar» el escenario político, debido a que lo que busca el chavismo gobernante es transformar a Venezuela en un Estado socialista, una idea que se remonta a 2007, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez impulsó una reforma constitucional que fue rechazada en referendo.
Bárbara Agelvis
EFE
