Santiago de Chile, 9 de diciembre de 2021.- El Gobierno de Chile dijo este jueves que es una «buena noticia» que aporta «tranquilidad» que la Corte Penal Internacional (CPI) descartara investigar al presidente del país, Sebastián Piñera, y a otras autoridades por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad durante las protestas de 2019.
La decisión de la CPI confirma que en Chile «no hay una política sistemática de violación a los derechos humanos» y «queda descartada esa tesis de la izquierda radical que quería decir que aquí había violaciones sistemáticas (a los derechos humanos)», dijo a la prensa el portavoz del Gobierno, Jaime Bellolio.
«Más que ser una buena noticia, nos deja con la tranquilidad que es algo que nosotros dijimos siempre», agregó.
La CPI, con sede en La Haya, notificó este miércoles al Estado de Chile que «después de evaluar todos los antecedentes disponibles, descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción», según informó la Cancillería chilena.
La denuncia la interpusieron el pasado mes de abril el exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED).
En su recurso, solicitaron que se investigue y juzgue a Piñera y a otros colaboradores «civiles y militares» por crímenes de lesa humanidad cometidos durante las masivas manifestaciones de octubre de 2019, denunciaron que las investigaciones de estos abusos en Chile sufren «demoras injustificadas» y cuestionaron la independencia e imparcialidad de la Fiscalía y de la Justicia.
Según la Cancillería, la comunicación de la CPI concluye que «las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas».
Desde los denunciantes, el abogado y presidente de la CHDH, Carlos Margotta, señaló este jueves que la decisión anunciada por la fiscalía de la CPI «no es definitiva y se puede reconsiderar si se presentan nuevos antecedentes», y consideró que hay información suficiente para continuar con el caso y que se sancione al mandatario.
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del tiquete de metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo y más derechos sociales.
Las revueltas dejaron episodios de violencia extrema con incendios, saqueos y destrucción de mobiliario público que llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5.000 causas por delitos cometidos en las marchas, además de señalamientos por parte de distintos organismos como la ONU y Amnistía Internacional (AI) contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.
El Gobierno ha negado reiteradamente que existiera una política sistemática y deliberada para reprimir las marchas, aunque distintas voces del Ejectuvo sí han reconocido en este tiempo que las fuerzas policiales cometieron violaciones de derechos humanos.
EFE
