Santiago de Chile, 30 de diciembre de 2021.- Dos de las víctimas más emblemáticas de la violencia policial durante el estallido social de 2019 en Chile, el joven Gustavo Gatica y la senadora electa Fabiola Campillai, pidieron este jueves a las autoridades municipales cambiar el nombre de la calle «Carabineros de Chile» por «Derechos Humanos».
«Es una pequeña reparación para nosotros las víctimas, para los familiares de los compañeros que hoy no están y que murieron aquí», dijo Campillai en declaraciones a los periodistas.
La calle se ubica a pocos metros de Plaza Italia, la rotonda de Santiago que está considerada el epicentro de las revueltas que estallaron en octubre de hace dos años contra la desigualdad y el actual modelo económico, las más graves desde el fin de la dictadura militar (1973-1990).
La crisis dejó una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema, con saqueos, incendios y señalamientos por parte de la ONU y Amnistía Internacional contra el cuerpo policial de Carabineros por violaciones a los derechos humanos.
Las imágenes de jóvenes con los ojos ensangrentados tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en el rostro dieron la vuelta al mundo.
«Es una calle con mucho dolor, que queremos comenzar a recuperar y que mejor que cambiándole el nombre para que ya no represente a todos estos violadores de derechos humanos que hasta el día de hoy nos siguen disparando», indicó la senadora electa por la capital.
Campillai, quien perdió la vista, el gusto y el olfato en noviembre de 2019 cuando se dirigía a su trabajo en la periferia de Santiago y un agente le disparó una bomba lacrimógena al rostro, se convirtió en una importante activista y el próximo marzo asumirá su nuevo cargo.
«LA JUSTICIA NO LLEGA»
Gatica, la otra persona que perdió completamente la vista por la violencia policial, denunció que «la justicia no llega» y pidió «acelerar los procesos judiciales».
«Mi caso no es el único, a la mayoría de compañeras y compañeros que sufrieron trauma ocular ni siquiera se les inculpó a la persona que les disparó», añadió el joven, quien fue herido en noviembre de 2019 precisamente en esta calle.
El pasado octubre, la ONU pidió al Estado chileno en un duro informe «profundizar sus esfuerzos» para abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas en las masivas protestas, que se desinflaron con la llegada de la pandemia.
«Valoramos los esfuerzos del Estado (…) Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición», subrayó el representante de ONU DDHH en América del Sur, Jan Jarab.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en la actualidad hay 3.072 querellas contra las fuerzas de seguridad, 136 agentes formalizados y solo sentencias condenatorias.
El proceso constituyente en el que está inmerso Chile se gestó precisamente en las protestas y el plebiscito celebrado el 25 de octubre de 2020 para cambiar la actual Constitución -heredada de la dictadura- fue la salida institucional que encontró el país para calmar la crisis.
EFE
