Preguntas al señor Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
¿Tiene usted algún conocimiento sobre posibles acercamientos de la llamada comisión de notables, con los llamados combos o bandas armadas en Medellín, para buscar una tregua?
¿Cuál es la posición oficial de usted como Alcalde de Medellín, ante la posibilidad de estar gestandose una tregua en la ciudad, con los llamados combos o bandas armadas?
¿Sabe usted señor Alcalde, si los combos o bandas armadas que tienen en su poder buena parte de la ciudad,son independientes de las estructuras paramafiosas (BACRIM, para ustedes) llámense “Oficina” o “urabeños”?
¿Los mal llamados “urabeños” hacen presencia, sí o no en la ciudad de Medellín?
Nota: Dos textos que pueden ilustrarlo sobre la posible tregua que se gesta, además se agrega la pregunta directa que le hace, el periódico el Mundo, sobre este tema.
Microempresas de Medellín no se oponen a una tregua con los ‘combos’
Por VÍCTOR ANDRÉS ÁLVAREZ C. 6:32 p.m. | 24 de Abril del 2013, Periódico el Tiempo.
Agobiados por las ‘vacunas’ dirigentes y autoridades buscan soluciones más allá de lo policivo.
Miguel Hernández * debe pagarles a dos combos del occidente de la ciudad cerca de un millón de pesos mensuales para poder trabajar.
Su empresa, una Mipyme (pequeña y mediana empresa) de ingeniería, construye un proyecto urbanístico de interés social en el sector San Javier. Con tan solo tres meses de haber iniciado obras recibió una visita inesperada.
“Gente de uno de los ‘combos’ aparecieron buscando a los jefes de obra y comenzaron a cobrarnos cuotas semanales de hasta 300.000 pesos, supuestamente, para brindarnos seguridad”, relató.
Situaciones como ésta tienen agobiados, por las pérdidas económicas por las extorsiones, a la mayoría de pequeños, medianos y micro empresarios de la ciudad.
Por eso Acopi, gremio de las Mipymes, inicio un trabajo liderado por la Comisión de Notables para entender la problemática de violencia y su impacto en la economía regional.
Para Miguel Echeverri, presidente de esa entidad, nadie puede negar las extorsiones de las que los microempresarios son las principales víctimas.
“El trabajador vive en los barrios impactados. La empresa que distribuye alimentos va a esos lugares, son quienes ponen la cara a ese delito”, acotó.
Y aunque valoran los esfuerzos de las autoridades creen que los refuerzos policiales en los lugares con presencia de combos no son suficientes.
“Nuestras propuestas no son solo policivas, sino que vienen acompañadas de desarrollo, construcción de comunidad y tejido empresarial”, enfatizó Echeverri.
Entre los notables que trabajan en el tema están Jaime Jaramillo Panesso, Francisco Galán, Jorge Gaviria, Moriz Ackerman y Antonio García, junto al secretario de gobierno departamental, Santiago Londoño y unos 15 empresarios iniciaron este lunes los encuentros.
Esa misma Comisión había logrado pactos entre ‘combos’ en la Alcaldía pasada y de esa experiencia, Jaramillo Panessso, ex asesor de paz , dice haber aprendido.
“Estaban enterados de los acercamientos pero cuando llegó la primera tregua, no la avalaron”, recordó, en tanto valoró la buena disposición de esta Administración.
Luis Fernando Suárez, vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad, celebró la iniciativa de los microempresarios pero desconoció los acercamientos de paz con los notables.
“Sé de reuniones del alcalde Aníbal Gaviria con arzobispos”, afirmó.
Aunque no hay cifras concretas de lo que pagan los microempresarios, porque “son incalculables”, Hernández y más de 700 dueños de mipymes adscritos a Acopi seguirán trabajando con igual pundonor –y sin desfallecer–, no obstante, arriesgan sus vidas a diario en los barrios.
* Nombre cambiado por seguridad
¿En Medellín pactarán con las bandas?
Por Juan Diego Restrepo E. 27 de febrero de 2013, Revista Semana
OPINIÓN. La falta de un norte claro en la Alcaldía de Medellín y el poder del crimen organizado estaría fraguando un acercamiento con grupos armados ilegales. ¿Es posible?
La situación de inseguridad en Medellín, derivada de la confrontación entre bandas armadas ilegales y de los férreos controles sociales que han impuesto en diversas comunas, está agobiando cada día a día a los ciudadanos, mientras que la Alcaldía de Medellín da palos de ciego, sin articular sol
uciones concretas y construyendo alrededor del tema una estructura burocrática ineficiente y costosa.
A los cuatro meses de gobierno, la actual administración anunció la creación de la Secretaría de Seguridad, cuyos objetivos, según el Decreto 0504 del 18 de abril de 2012, son “planificar, gestionar, fortalecer, articular, evaluar y ajustar todas las acciones tendientes a garantizar la seguridad del municipio de Medellín”. El fin último de esas acciones es implementar “políticas públicas y estrategias administrativas de control, que conserven la institucionalidad, el orden público, proteger los derechos humanos de los ciudadanos y disminuir los índices delictivos”.
Cuando el alcalde Aníbal Gaviria Correa firmó ese decreto, de inmediato envió un trino a través de su cuenta de Twitter en el que afirmó que, con tal decisión, “seguimos avanzando hacia la seguridad, la convivencia y la defensa de la Vida”. Yo no estoy seguro de que los pobladores de las comunas más pobres y afectadas por las disputas armadas lean los mensajes que envían los gobernantes a través de ese medio virtual, lo que sí sienten es el impacto de las balas golpeando paredes, ventanas y puertas.
Pero la burocratización del tema de seguridad se complementó con la creación, en octubre de ese mismo año, de la Vicealcaldía de Seguridad, la cual, según un boletín de la Alcaldía, sería una instancia de “coordinación y articulación de grandes temas estratégicos”.
Sin embargo, de nada ha servido tanta estructura burocrática. Dirán, a su favor, que rebajaron los homicidios, pero ya lo he dicho varias veces en este espacio, y vuelvo y lo repito: la disminución de los asesinatos no es el único indicador para medir el nivel de violencia de una ciudad. En la capital antioqueña hay agobiantes “fronteras invisibles”, controles sociales estrictos, extorsiones a granel, torturas, desapariciones forzadas y falta de gobernabilidad en algunas zonas marginales. Todo eso es violencia, silenciosa y continua.
Así pues, ante la ineficacia de las políticas diseñadas por la actual Alcaldía de Medellín parece que se está gestando una alternativa a tanta violencia que, de manera silenciosa, se viene abriendo paso, se trata de la posibilidad de negociar con las bandas armadas de Medellín a través de sus jefes, recluidos en algunas cárceles del país. No de otra manera podría leerse la creación de la Consejería por la vida, la reconciliación y la convivencia para Medellín, anunciada la semana pasada por el alcalde Gaviria Correa.
“Queremos que como parte de su propósito, esta Consejería nos ayude a desarmar los espíritus, a desarmar los corazones, que nos ayude a sacar desde sus primeras etapas a jóvenes o incluso niños que están empezando a perderse en el camino de la violencia o de la drogadicción”, dijo el mandatario local en un evento público en la castigada comuna 13, durante un evento público, cuando anunció esta nueva dependencia.
Hasta el momento, el Alcalde no ha dado mayores explicaciones sobre la nueva Consejería, pero en diversos círculos de la ciudad ya se viene hablando con insistencia sobre la posibilidad de entrar en diálogos con bandas armadas ilegales con el fin de lograr su desarme. ¿Será entonces que se está preparando el terreno para avanzar hacia una fase de posibles pactos que se impulsarían desde ese cargo?
Si lo que se viene rumorando en algunos sectores es cierto, es importante entonces que la Alcaldía de Medellín y sus emisarios comiencen a explicar en qué va el eventual proceso de acuerdo con las bandas armadas ilegales, sobre las cuales no hay un dato exacto, pero históricamente se ha manejado un promedio de 200, con cerca de cinco mil integrantes, entre menores y mayores de edad. Se trata de abrir el debate sobre la viabilidad de esta salida.
Y también es importante que respondan un sinnúmero de preguntas, como por ejemplo: ¿Es posible una negociación con sectores de la llamada ‘Oficina de Envigado’, que aglutina a algunas de esas bandas? ¿Se estarían haciendo acuerdos con reconocidos criminales y narcotraficantes, algunos de los cuales ya están condenados y otros esperan vuelo a cárceles de Estados Unidos? ¿Son interlocutores válidos?
Ahora bien, también es importante saber sobre los contenidos, viabilidad y legalidad de esos posibles pactos: ¿Qué se está negociando: un desarme, una tregua prolongada, un sometimiento a la justicia? ¿Qué se les está ofreciendo para atraer a los miembros de esas bandas hacia la legalidad? ¿Con qué recursos se financiarían los programas sociales dirigidos a esos hombres y mujeres para que abandonen la confrontación urbana? ¿Sobre qué base legal se estaría negociando?
Durante los últimos 20 años, la ciudad ha vivido procesos de dejación de armas y desmovilización de estructuras criminales, tanto de izquierda como de derecha, así como sendos pactos de no agresión y treguas armadas, algunas de las cuales fueron exitosas, pero otras resultaron fallidas, incrementando las expresiones de violencia, de control social y dominio territorial, entre otras razones porque ha sido más influente el poderoso y rentable crimen organizado que la oferta estatal.
La burocratización del tema de la seguridad y su ineficacia para ofrecer soluciones concretas, así como la falta de liderazgo del gobernante y parte de su equipo de trabajo para enfrentar el tema, estaría conduciendo a la Alcaldía a mirar otras alternativas, entre ellas la de eventuales pactos con las bandas armadas ilegales.
De ser cierto el rumor, lo que espera la ciudadanía es que se revelen los detalles de ese proceso y sus consecuencias futuras, no vaya y se hagan acuerdos a través de los cuales se legalicen algunas de las prácticas que padecen barrios y comunas, como la de la privatización de la seguridad cotidiana, y las comunidades continúen subyugadas a poderes paraestatales. Creo que alguien debería aclararnos qué pasa.
* Periodista y docente universitario
Editorial del Periódico el Mundo
El costo de gobernar bien
28 de Febrero de 2013
Instamos a la Administración a desmentir de inmediato semejante infundio… Conocemos la posición del alcalde en esa materia y sabemos que jamás haría tratos con delincuentes por debajo de la mesa.
Se especula por estos días en columnas de prensa, programas de radio y corrillos políticos sobre cuáles pudieron ser las causas de la caída de 18 puntos en la opinión favorable del alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, que según la última encuesta bimensual de Gallup pasó del 72 % en diciembre de 2012 al 54 % en febrero. Casi todas las voces apuntan a que el bajón sería una especie de “cuenta de cobro” de la ciudadanía por la actualización catastral y el consiguiente reajuste del Impuesto Predial, y también por la percepción de que la inseguridad en la ciudad aumenta en lugar de reducirse.
Sobre lo primero, ya expusimos nuestros puntos de vista en los editoriales del 3 y 4 de enero pasado. Las decisiones en materia de catastro y gravamen a los predios respondieron a una ineludible y varios años aplazada obligación legal. Para nosotros fue un acto de responsabilidad de la Administración ponerle el pecho al temporal, aun cuando sí le tachamos algunas fallas en la comunicación y en la preparación de la ciudadanía para lo que representaría, sin duda, un golpe a la economía de muchas familias.
De modo que si a ello se atribuye la caída en la imagen favorable del alcalde, en lugar de desdoro es un crédito para él, pues quienes se consagran a la política, en el mejor sentido de la palabra, saben muy bien que la popularidad que se gana, tras largas jornadas de servicio público, es el capital político que hay que estar dispuesto a gastar cuando es indispensable asumir decisiones o tomar medidas impopulares. Es el caso, por ejemplo, de la prohibición de los parrilleros hombres en las motos, que tantas protestas ha generado, y cuyos beneficios en la reducción de los índices de homicidios y hurtos están plenamente comprobados, no solo en Medellín sino en los otros nueve municipios del Área Metropolitana, por lo que, de consuno, los alcaldes de la subregión resolvieron en buena hora prorrogarla hasta julio de este año.
La inseguridad seguirá siendo por mucho tiempo materia pendiente en Medellín, pues la lucha contra las organizaciones criminales es ingrata y no da tregua, pese a los golpes que reciben de las autoridades encargadas de combatirlas, desarticularlas y castigar a sus cabecillas. Es injusto el señalamiento de falta de liderazgo que le endilgan algunos medios al alcalde Gaviria Correa. En su última “rendición de cuentas”, de diciembre pasado, están claros los resultados de su Plan Integral de Seguridad y Convivencia. El propio Gobierno Nacional, su principal socio en esa batalla, reconoce, en palabras del ministro de Defensa, que es “obsesivo” y que “pocos mandatarios me esperan con los indicadores, donde me dice que ha pasado día tras día, mes tras mes… Esa es la manera como está gerenciando la seguridad para bien de la ciudadanía”.
Leímos en la web de la revista Semana la columna “¿En Medellín pactarán con las bandas?”, en donde el periodista Juan Diego Restrepo lanza la peligrosa especulación de que “ante la ineficacia de las políticas diseñadas por la actual Alcaldía de Medellín parece que se está gestando una alternativa a tanta violencia que, de manera silenciosa, se viene abriendo paso, se trata de la posibilidad de negociar con las bandas armadas de Medellín a través de sus jefes, recluidos en algunas cárceles del país”. Se atreve incluso a decir que “No de otra manera podría leerse la creación de la Consejería por la vida, la reconciliación y la convivencia para Medellín, anunciada la semana pasada por el alcalde Gaviria Correa”. Instamos a la Administración a desmentir semejante infundio, pues si alguna vez se ensayaron y prohijaron acuerdos entre bandas y combos para que dejaran de matarse, a la postre eso no sirvió de nada. Conocemos la posición del alcalde en esa materia y sabemos que jamás haría tratos con delincuentes por debajo de la mesa.