Accra, 3 de febrero de 2022.- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) decidió este jueves no imponer sanciones a Burkina Faso por el golpe de Estado del pasado 24 de enero, pero pidió una «transición corta» y la liberación del depuesto presidente, Roch Kaboré.
«Vamos a darles una oportunidad», declaró a la prensa la ministra de Asuntos Exteriores de Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey, tras finalizar la segunda cumbre extraordinaria de la CEDEAO para examinar el golpe militar de Burkina Faso, celebrada hoy en Accra.
«Se han hecho peticiones. Los jefes de Estado se reunirán de nuevo para decidir si siguen el camino de las sanciones u otro enfoque que ellos decidan», agregó la ministra, al señalar que se requiere «una transición muy corta», de «unos pocos meses».
Igualmente, Botchwey, cuya país ejerce la presidencia rotatoria de la CEDEAO, recordó la amenaza yihadista en Burkina Faso, país que comparte frontera con cuatro Estados costeros de África occidental a los que se debe evitar que tengan acceso los terroristas.
En su discurso de inauguración de la cumbre extraordinaria, su presidente de turno y jefe de Estado ghanés, Nana Akufo-Addo alertó del «contagio» de los golpes de Estado en la región tras el intento fallido en Guinea-Bisáu hace dos días y otros golpes exitosos desde agosto de 2020 en Mali, Guinea-Conakri y Burkina Faso.
Akufo-Addo advirtió de que se trata de una «peligrosa tendencia» a la que hay que hacer frente «de forma colectiva y decidida, antes de que arrase toda la región».
La CEDEAO celebró el pasado 28 de enero una primera cumbre extraordinaria virtual para analizar la situación de Burkina Faso tras el golpe de Estado, en la que sus líderes decidieron suspender al país de sus instituciones y enviar a la capital burkinesa, Uagadugú, dos misiones -una militar y otra ministerial- para hablar con los golpistas.
En su primer mensaje televisado a la nación, el líder de los golpistas burkineses, el teniente coronel Paul Henri Sandaogo Damiba, pidió a la comunidad internacional que apoye a Burkina Faso «para que pueda salir de esta crisis lo antes posible y reanudar su camino hacia el desarrollo».
Igualmente, advirtió de que la «normalidad constitucional» volverá únicamente cuando se den las condiciones que marque el pueblo burkinés.
Los militares tomaron el poder en Burkina Faso el pasado 24 de enero tras la tensión vivida la víspera por los disparos en varios cuarteles militares de Uagadugú y otras urbes, unos incidentes calificados en un principio como un supuesto motín para exigir mejoras en las Fuerzas Armadas.
El golpe de Estado se confirmó tras la aparición de miembros de la junta militar en la televisión estatal RTB, que anunciaron haber depuesto al presidente Roch Kaboré y otras medidas, como la disolución del Gobierno y el Parlamento o la suspensión de la Constitución (restaurada parcialmente el pasado 31 de enero).
El golpe tuvo lugar después de la escalada del descontento social durante los últimos meses por la inseguridad generada por la violencia yihadista.
Burkina Faso sufre el yihadismo desde 2015 y los ataques, que se atribuyen a grupos aliados de Al Qaeda y el Estado Islámico, han provocado más de 1,5 millones de desplazados internos, según el Gobierno burkinés.
EFE
