Managua, 6 de febrero de 2022 – «Mi nombre es Miguel Ángel Parajón Aburto. Soy el padre de Jimmy José Parajón Gutiérrez y Yader de los Ángeles Parajón Gutiérrez, al primero me lo mataron y al segundo me lo echaron preso por reclamar justicia por el asesinato de su hermano» en Nicaragua.
Así comienza el relato un padre nicaragüense, de 65 años, que perdió a su primogénito en el marco de las protestas callejeras contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega que estallaron en abril de 2018, que dejaron cientos de muertos, y tiene en prisión a su segundo hijo, según dice, por demandar justicia.
Yader Parajón, de 31 años estudiante de cuarto año de psicología en la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), se convirtió, junto al joven Yaser Mahumar Vado, en los primeros opositores nicaragüenses en ser declarados culpables por el delito de conspiración.
El Ministerio Público lo acusó de ser coautor del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
El delito, según su padre, fue reclamar, desde el primer día, justicia por el asesinato de su hermano mayor, Jimmy José, que tenía 35 años cuando recibió, un 11 de mayo de 2018, un tiro en el pecho, muerte por la que no hay ningún detenido.
«DEMANDAR JUSTICIA EN NICARAGUA ES UN DELITO»
«En vista de eso, de que mataron a mi primer hijo, reclamábamos justicia en los medios, en la Policía (y en las calles), pero eso fue un delito para nosotros: reclamar justicia», comenta don Miguel, un menudo electricista de piel quemada que trabaja por cuenta propia y reside en un barrio popular de Managua.
«Como reclamamos justicia, en las marchas, que era deber de todos (los familiares de los asesinados), ya quedamos fichados (por la Policía Nacional) como golpistas y toda esas cosas», agrega.
La revuelta popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza, son calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado.
A Yader lo detuvieron el 5 de septiembre pasado en un puesto fronterizo con Honduras cuando intentaba abandonar Nicaragua, precisamente para evitar ser encarcelado en medio de una ola de arrestos desatada contra dirigentes opositores, incluyendo siete aspirantes presidenciales, acusados de traición a la patria y lavado de dinero.
«Yader iba buscando vida. Ya no quería estar aquí (en Nicaragua) porque no tenía ningún futuro» y era asediado por policías y por civiles afines al Gobierno, cuenta su padre.
«Él tenía miedo. No tenía mucha seguridad. Las unidades (de policías) se ponían afuera de la casa. Me lo estaban asediando», asegura.
RESPONSABILIZÓ A ORTEGA POR MUERTE DE SU HERMANO
A Yader, según el relato de su padre, la policía y civiles armados afines al Gobierno lo comenzaron a perseguir y a asediar después que responsabilizó directamente al presidente Ortega y a la Policía Nacional por la muerte de su hermano.
Jimmy José, el hijo mayor, joyero y mecánico de motocicletas, apoyaba las manifestaciones antigubernamentales en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), al este de Managua -a la que la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, canceló esta semana su licencia de operación-, cuando recibió un disparo en la parte izquierda del pecho.
Reclamar justicia por su hermano, dice don Miguel, se convirtió en un delito de conspiración para Yader, que ya cumplió cinco meses en prisión.
Con un hijo muerto y el otro preso y condenado, este hombre que perdió a su esposa en 2017 víctima del cáncer, dice sentirse solo.
Su esperanza es su hijo menor, el estudiante de psicología de la UCA que guarda prisión en El Chipote, una cárcel ubicada en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, a donde acude todos los días a dejar alimentos y agua.
«Me lo tienen detenido injustamente. Él (Yader) es inocente de todos los cargos por los que se le acusa. Él ya fuera un profesional de la psicología. Ya estuviera en un puesto, trabajando, pero allí me le tienen truncando su presente y su futuro», lamenta.
Don Miguel, que dice levantó barricadas durante la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, sostiene que su «chavalo» es inocente, que no ha matado, no ha robado y cualquiera reclamaría justicia por un hermano asesinado.
Apela a las autoridades y a la comunidad internacional por la liberación de su hijo, al igual que el resto de «presos políticos».
«Ahora siento lo que sentían las madres y los padres en 1979, con el secuestro de sus hijos», durante la dictadura de Somoza, señala.
«Se luchó por quitar eso (dictadura), pero ahora volvemos a las mismas cosas, es decir, la misma película con diferentes actores», razona.
Este padre, al que le mataron un hijo y le echaron preso al otro, teme también ser encarcelado por pedir la liberación de su hijo y demandar justicia.
Luis Felipe Palacios
EFE
