Por Luis Fernando Quijano Moreno
La violación a los derechos humanos en el Medellín metropolitano continúa siendo la constante, la ciudadanía a diario enfrenta la intimidación, la persecución y se ven obligados a estar sometidos a los designios de la criminalidad urbana representada por 500 bandas que están agrupadas, la mayoría, en la Oficina del Valle de Aburrá y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo.
Para quienes luchan y trabajan por la paz, el desarrollo y la organización social, además de quienes enfrentan a los criminales a través de la denuncia o la investigación, o quienes cumplen el papel de defensores de derechos humanos en barrios, corregimientos, la situación es más difícil. Son tiempos de acallar, silenciar, exiliar y matar a los enemigos del status quo urbano.
Esta vez las amenazas las sufren cinco ediles de la ciudad de Medellín, según lo ha denunciado Carlos Hurtado, vicepresidente de Asoediles Medellín.
Uno de los casos que llama la atención es el de Brayan Bedoya, edil de San Antonio de Prado, quien ya había sido amenazado de muerte en 2015, 10 meses después del asesinato de Viviana Agudelo Zapata. En este corregimiento hacen presencia las Autodefensas Gaintanistas de Colombia (AGC) y los Triana, además de unas bandas de la Oficina del Valle de Aburrá.
Todavía hoy a la institucionalidad se le dificulta reconocer que quienes trabajan individual y colectivamente por el corpus social, o sea, la comunidad, son en últimas defensores de derechos humanos, tal como lo expone la definición de las Naciones Unidas frente a este tema.
¿Qué es un defensor o defensora de derechos humanos?
Según la definición de las Naciones Unidas: “…se usa la expresión ‘defensor de los derechos humanos’ para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos. Se les conoce sobre todo por lo que hacen y la mejor forma de explicar lo que son consiste en describir sus actividades (véase la sección A infra) y algunos de los contextos en que actúan (véase la sección B infra) [1]. Los ejemplos que se ofrecen de las actividades de los defensores de derechos humanos no constituyen una lista exhaustiva…”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la ONG Corpades y la agencia de prensa Análisis Urbano le hace un llamado a la institucionalidad: alcalde de Medellín, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval), Fiscalía General de la Nación, Gobernación de Antioquia, Ministerio del Interior y Unidad Nacional de Protección (UNP), para que ofrezca todas las medidas de protección necesarias para blindar a los defensores de derechos humanos de los ataques del paramilitarismo y la mafia.
Casos como el de Alicia López Guisao, asesinada por Los Pesebreros en la comuna 13 de Medellín, y lo ocurrido en otros municipios del Valle de Aburrá, como Bello, donde ya varios líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados por las bandas paramilitarizadas de Los Chatas, Pachelly, El Mesa, Niquía Camacol, entre otras, amerita medidas de protección de orden político, social y de seguridad.
En el año de la paz, del incio del posacuerdo, el país no puede seguir permitiendo la intimidación, la estigmatización, las amenazas ni la muerte de quienes luchan por transformar una Colombia que ha sido descuadernada por la guerra urbana y rural.
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