Río de Janeiro, 11 de febrero de 2022.- Un nuevo operativo en una favela de Río de Janeiro contra un grupo de narcotraficantes dejó este viernes ocho muertos, en una operación que desató el pánico en la barriada y que siembra nuevas dudas sobre la actuación policial en este estado brasileño, ya en la mira de la Corte Suprema.
Los ocho supuestos delincuentes murieron al resistirse a una operación policial en Vila Cruzeiro, una barriada popular en la zona norte de la ciudad controlada por bandas de narcotraficantes, puesta en marcha en la madrugada para capturar a delincuentes que habían escapado de una favela ocupada en enero por fuerzas de seguridad.
La operación se produjo tan sólo una semana después de que la Corte Suprema de Justicia estableciera un plazo de 90 días para que la Gobernación de Río de Janeiro adopte medidas contra la violencia de sus policías, que entre enero y noviembre del año pasado fueron responsables por la muerte de casi 1.300 personas.
Como en la mayoría de los casos del año pasado, las muertes en la operación de este viernes fueron atribuidas a la resistencia a la acción policial.
«Cuando los equipos llegaron al lugar fueron recibidos a tiros, pero conseguimos avanzar. Tuvimos un enfrentamiento con los criminales. Todos estaban armados y resistieron a la acción de la policía», afirmó el comandante del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) de la Policía Militarizada de Río de Janeiro, Uirá do Nascimento.
El oficial agregó que la Policía incautó en la operación 7 fusiles, 4 pistolas y 14 granadas que estaban en las manos de los hombres dados de baja, así como de drogas y de vehículos robados.
Según activistas de organizaciones de defensa de los derechos humanos consultados por Efe, pese al pánico generado y a las quejas de los habitantes de la región por la situación que vivieron, hasta ahora no han recibido denuncias de posibles abusos en la operación de este viernes.
El operativo generó un intenso enfrentamiento armado, que desató pánico entre los habitantes de Vila Cruzeiro, quienes denunciaron en las redes sociales ser rehenes del conflicto y haber sido obligados a confinarse en sus residencias por una operación que movilizó vehículos blindados y hasta helicópteros.
El tiroteo obligó a 17 escuelas públicas, a los centros médicos y a los comercios de la región a mantener sus puertas cerradas, lo que dejó a 5.640 escolares sin aulas, e impidió que cientos de empleados se dirigieran a sus lugares de trabajo.
El objetivo del operativo de hoy, según explicó la Policía, era capturar a los narcotraficantes que controlaban la favela de Jacarezinho y que están escondidos en Vila Cruzeiro desde que su barriada fue ocupada en enero pasado por fuerzas de seguridad.
Entre los narcotraficantes supuestamente escondidos en Vila Cruzeiro y contra los que fueron expedidas órdenes de detención destaca Chico Bento, que comandaba el tráfico de drogas en Jacarezinho y es considerado uno de los principales jefes del Comando Vermelho (Comando Rojo), la mayor organización criminal de Río de Janeiro.
Este narcotraficante también era el principal blanco de la cuestionada operación policial de mayo del año pasado que dejó 28 muertos en Jacarezinho, en la que es considerada la mayor matanza urbana en la historia de Brasil.
Las investigaciones sobre la operación de 2021 han demostrado que muchas de las víctimas fueron asesinadas a quemarropa y cuando ya estaban rendidas.
Los repetidos casos de múltiples homicidios en operaciones policiales y de civiles muertos por supuestamente resistirse a los uniformados llevaron al Supremo Tribunal Federal a exigirle a la Gobernación de Río de Janeiro que presente hasta mayo un plan viable para reducir las altas tasas de muertes y de violaciones de los derechos humanos de sus fuerzas de seguridad.
Según estadísticas de la propia Gobernación, los policías de este estado responden por casi la cuarta parte de los homicidios registrados en su jurisdicción.
El total de homicidios dolosos registrados en el estado de Río, sin incluir los provocados por los policías, cayó un 8 % en el último año, desde 3.544 en 2020 hasta 3.245 en 2021, mientras que las muertes de civiles en intervenciones policiales subieron un 12 %, hasta 1.298 en los once primeros meses de 2021.
En su decisión de la semana pasada, la máxima corte determinó que la investigación de operaciones policiales que terminen con muertes de adolescentes tenga prioridad y que las órdenes de detención o de allanamiento sólo sean cumplidas en horarios diurnos y que estén suficientemente detallados y justificados.
La sentencia igualmente estableció un plazo de 180 días para que la Gobernación equipe los uniformes de todos sus agentes policiales y las patrullas con herramientas de localización GPS y cámaras de audio y video con las que se puedan verificar sus movimientos.
EFE
