Bogotá, 22 de febrero de 2022.- La exsenadora colombiana Piedad Córdoba, que aspira en estas elecciones legislativas a retomar su puesto en el Congreso, denunció este martes que fue víctima de un supuesto chantaje para acceder a material comprometedor en el que el embajador colombiano en Washington y funcionarios estadounidenses conspiraban contra ella.
Córdoba indicó que recibió mensajes y llamadas supuestamente enviadas desde la embajada colombiana en Estados Unidos en la que se le ofrece un video que involucra, entre otros, al embajador de Colombia en EE.UU., Juan Carlos Pinzón, y al representante de Colombia en la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez.
En este también aparecería el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental estadounidense, Michael Kozak, entre otros funcionarios de Estados Unidos.
En el material referido, supuestamente, los involucrados se encuentran «conspirando para su extradición y la siembra de nuevos montajes judiciales en medio de la actual campaña electoral contra la posibilidad de la victoria de Gustavo Petro».
«Para el acceso a la información se me solicita una remuneración económica, en una clara acción extorsiva, cuando no, en una operación de falso entrampamiento. Qué hubiera pasado si recibo a ese señor y pago la plata», se preguntó la exsenadora en una rueda de prensa este martes.
Las personas que la contactaron insistieron en «una cita personal» mientras que buscaban «intimidarla» anunciando acciones judiciales contra ella y su familia, una «acción irregular que a todas luces representa un hostigamiento en contra de la oposición política que busca intervenir en las elecciones parlamentarias y presidenciales en curso».
Córdoba, de 67 años, fue senadora entre 1994 y 2010 y está aspirando al cargo de nuevo por la coalición de izquierdas Pacto Histórico.
EMBAJADA COLOMBIANA EN EE.UU.
El mensaje de correo electrónico que recibió Córdoba estaba firmado con el nombre de Mario Hernández, un funcionario consular. «Nombre que corresponde efectivamente con el del ministro consejero de asuntos económicos y sector privado, hijo del empresario Mario Hernández», detalló Córdoba.
Según la exsenadora, aunque no pueden asegurar que efectivamente sea Mario Hernández quien mandó el correo, sí han podido establecer que el teléfono desde el que se la contactó fue de la Embajada de Colombia en Estados Unidos.
Por este motivo, exigió a la canciller y vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, que dé explicaciones «ante la supuesta acción de los funcionarios a su cargo, tanto de la extorsión a nombre del señor Hernández como de los hechos informados que involucran al personal diplomático bajo su responsabilidad».
Asimismo, solicitó a la Fiscalía abrir una investigación «con la misma celeridad de sus casos propagandísticos» porque «no se puede seguir delinquiendo contra la oposición impunemente».
Por último, pidió a las autoridades estadounidenses revisar estas denuncias y que «tomen las medidas correspondientes para evitar que desde su territorio o con connivencia de sus funcionarios se promueva una intervención en la campaña electoral en curso».
«Basta ya de persecución política. Si no me han amedrentado en cuatro décadas de carrera política, no lo van a hacer ahora», concluyó.
CON FINES POLÍTICOS
Una investigación de Noticias Caracol reveló que Andrés Vásquez, exasesor de Córdoba, declaró ante la Fiscalía que ella utilizó con fines políticos la liberación de los secuestrados en poder de las FARC.
Entre los secuestrados cuya liberación supuestamente habría retrasado está la de la candidata presidencial Íngrid Betancourt, secuestrada el 23 de febrero de 2002, mientras visitaba la antigua zona de distensión establecida para los diálogos de paz en San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá (sur).
Betancourt, que estuvo más de seis años en poder de las FARC, acusó a la exsenadora de ser «cómplice de secuestro» y de «poner en riesgo» su vida y la de todos los que estaban tratando de liberarlos.
EFE
