Lima, 28 de febrero de 2022.- La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú citará al presidente Pedro Castillo para que el próximo 7 de marzo responda por la denuncia de que una empresaria lo ha vinculado con una presunta red de corrupción enquistada en el Ejecutivo.
«Vamos a citar al presidente para que deslinde responsabilidades. Una investigación en los fueros del Ministerio Público es privada. La diferencia es que en la comisión son de carácter público. Se trata del interés público», declaró este lunes el congresista fujimorista Henry Ventura, presidente de ese grupo de trabajo.
Ventura agregó que la comisión también citará a cinco legisladores del partido derechista Acción Popular (AP), que presuntamente también han sido vinculados con el caso.
El legislador dijo que tienen «muchas evidencias» sobre presuntos actos irregulares que se han presentado durante el Gobierno de Castillo, que comenzó el pasado 28 de julio, e incluyen visitas y reuniones de empresarios con altos funcionarios del Ejecutivo.
«Tenemos medios probatorios», sostuvo.
El sábado pasado, medios locales publicaron que la empresaria Karelim López, quien es señalada como una gestora de intereses con vínculos con las altas esferas de poder en los últimos años en Perú, comprometió al presidente en las actividades de una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo peruano.
Castillo rechazó «categóricamente» esas afirmaciones y dijo que «como presidente y como ciudadano» exige a la Fiscalía que «continúe con la investigación ya iniciada y en el plazo más breve dé las explicaciones objetivas, coherentes, con la justicia».
Tras conocerse la información, representantes de la oposición en el Congreso anunciaron que intentarán alcanzar un acuerdo para presentar una moción de vacancia (destitución) contra Castillo.
La presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, llamó a primera hora de este lunes a una reunión de la Junta de Portavoces y también convocó a una sesión de urgencia del pleno para las 18.00 horas (23.00 GMT).
Por su parte, el abogado de López, César Nakazaki, afirmó que esta «nunca ha tenido una reunión» con Castillo, pero sí reconoció que ella mencionó «negocios privados» que podrían tener origen ilícito en una declaración que dio ante la Fiscalía.
Nakazaki dijo que la empresaria refirió que «hay varias líneas de negocios privados» que «tienen como centro» una casa en el distrito limeño de Breña en la que Castillo permaneció durante los primeros meses de su gestión, que comenzó el pasado 28 de julio.
El letrado añadió que, por ese motivo, López consideró que esas actividades «se realizaron con el beneplácito o con el aprovechamiento del presidente de la República».
«Ella lo que ha establecido en su declaración son los hechos que estoy mencionando, los titulares que han sacado no son los que aparecen en su declaración», enfatizó ante las publicaciones de medios locales que afirmaron desde el sábado pasado que López vinculó directamente a Castillo con el presunto caso de corrupción.
Nakazaki también confirmó que su defendida ha recibido «amenazas de muerte» desde que pidió al Ministerio Público que se acepte su «colaboración eficaz» (delación premiada) en la investigación que se le sigue por presuntos delitos de corrupción.
EFE
