Bogotá, 28 de marzo de 2022.- Los homicidios y las amenazas contra los defensores de derechos humanos en Colombia alcanzaron en 2021 «niveles alarmantes», en tanto que los desplazamientos en zonas de conflicto también aumentaron afectando principalmente a indígenas y población afrodescendiente.
Así lo aseguró Amnistía Internacional (AI) en el informe «La situación de los derechos humanos en el mundo» en el que señala que en Colombia «los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos y las amenazas dirigidas contra estas personas alcanzaron niveles alarmantes».
El documento cita que, según la ONG Programa Somos Defensores, entre enero y septiembre del año pasado «se registraron 501 amenazas, 86 homicidios y 72 intentos de homicidio contra personas defensoras de los derechos humanos».
En esa dirección, el informe señaló que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recibió 180 denuncias de homicidio de defensores y defensoras de los derechos humanos, de las cuales verificó 67.
ABUSOS POLICIALES
El Informe de AI también hizo referencia a que durante el paro nacional del año pasado, hubo «uso excesivo e innecesario de la fuerza».
Recordó que entre el 28 de abril y el 30 de junio «murieron 84 personas en el marco de las protestas contra la política social y económica del Gobierno colombiano, 1.790 resultaron heridas, y 298 defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron ataques. Entre las personas heridas, 103 sufrieron traumatismos oculares».
A raíz de esas situaciones, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, expresó en junio de ese año «su profunda preocupación por las denuncias de violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de Colombia».
Un informe de su oficina, publicado en diciembre pasado, afirmó que verificó la muerte de 46 personas, 44 civiles y dos policías, durante las protestas -principalmente en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas- así como 60 denuncias de violencia sexual.
De esas denuncias, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) verificó 16 casos de violencia sexual presuntamente cometida por miembros de la Policía.
Adicionalmente, luego de las denuncias sobre violencia policial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo entre el 8 y el 10 de junio una visita de trabajo a Colombia.
Después de eso recomendó el «cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad» y la separación de la Policía y del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) del Ministerio de Defensa para garantizar «que sus acciones respondieran a un enfoque civil y no a uno militar».
MÁS DE 60.000 PERSONAS DESPLAZADAS
Por otro lado, AI también recordó que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, 60.751 personas fueron desplazadas forzosamente, principalmente en los departamentos del Chocó, Cauca, Nariño y Norte de Santander.
Además, otras 50.969 fueron confinadas forzosamente, lo que significaba que se veían obligadas a permanecer en sus tierras pero no podían acceder libremente a alimentos, agua potable y servicios básicos a causa del conflicto armado.
«La inmensa mayoría (95 %) eran personas indígenas o miembros de comunidades afrodescendientes», detalló la Oficina.
EFE
