Quito, 9 de abril de 2022 – La crisis carcelaria en Ecuador, con más de 360 presos asesinados en los últimos dos años, graves problemas de hacinamiento y también de impunidad, ha dejado al descubierto el complicado laberinto de un sistema atrapado entre la presión de la delincuencia y la fragilidad de un Estado que no ha podido hacerse con el control permanente de las prisiones.
La última masacre entre presos, ocurrida el 3 de abril en la cárcel de la sureña ciudad andina de Cuenca, donde murieron 20 convictos, avivó el debate sobre la inseguridad carcelaria y la preocupante posibilidad de que la violencia penitenciaria se riegue a las calles.
Solo el año pasado, 316 reclusos fueron asesinados en enfrentamientos entre bandas de delincuentes que pujan por tomar el control de prisiones en varias ciudades del país, episodios de extrema crueldad que sacudieron la conciencia ciudadana.
El Gobierno del presidente Guillermo Lasso, desde que inició su mandato en mayo de 2021, anunció que quería acabar con esa violencia, aunque en los diez meses que lleva en el poder aún no ha podido exhibir resultados alentadores.
PLANES A MEDIO Y LARGO PLAZO
En un reciente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue enfática en exhortar a que Ecuador recupere el control interno de sus cárceles, dé condiciones dignas a los presos y elabore una política de prevención del delito donde la encarcelación no sea el principal recurso.
Así, el Gobierno de Lasso asumió el reto de desarrollar un nuevo modelo penitenciario con la puesta en marcha recientemente de una política en derechos humanos para los reos, un programa de indultos a presos condenados por delitos menores y una serie de inversiones para multiplicar los guardias y mejorar infraestructura.
El Ejecutivo, que también busca vincular a la empresa privada en aspectos claves del sistema de rehabilitación, aspira a ver los resultados de su plan a medio y largo plazo, con la colaboración decidida de otras instituciones del Estado (especialmente el sistema judicial) y de la propia ciudadanía.
Para Carolina Andrade, especialista en temas de seguridad, la visión de Lasso —que pregona la reducción del tamaño del Estado— debería definir prioridades para que no se afecten políticas como las de seguridad y de rehabilitación social.
Asimismo, explicó a Efe que la versión del Gobierno, que atribuye la guerra de bandas criminales en las cárceles a la exitosa campaña contra el narcotráfico y el decomiso de grandes cantidades de drogas, «puede ser solo un componente» de la situación.
Y es que, según ella, de las 316 personas asesinadas en 2021 en los centros penitenciarios, el 70 % no tenía sentencia, muchos bajo el régimen de prisión preventiva (provisional), y un 39 % de los fallecidos se encontraban recluidos por delitos menores.
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL
Andrade aseguró que el problema de las cárceles en Ecuador es más bien «estructural», pues «no hay mayor violencia que la desigualdad» en una sociedad que afronta también una crisis económica agravada por los impactos de la pandemia de la covid-19.
El hecho de que más de 97.000 emigrantes ecuatorianos hayan tratado de ingresar ilegalmente el año pasado en Estados Unidos, sobre todo a través de la frontera con México, es un síntoma de que el país afronta una crisis estructural.
Las autoridades suelen «estigmatizar la pobreza», pero no incrementan los presupuestos en áreas sociales. «¿Qué tipo de futuro aspira para sus hijos una madre pobre y rodeada de violencia, donde cada vez son más escasas las oportunidades?», se preguntó.
Si se invierte en la lucha contra la pobreza, se podrían reducir también las posibilidades de que los jóvenes sean reclutados por estructuras criminales, enfatizó la experta.
LA «MANO DURA» NO ES SUFICIENTE
Andrade también sostuvo que las políticas de «mano dura» no han dado resultados y dijo que muestra de ello es el hecho de que en prisiones con resguardos redoblados de policías y militares se hayan encontrado armas de grueso calibre.
Tampoco la politización de las instituciones y de las estrategias de seguridad han dado buenos resultados, sostuvo, al criticar que autoridades hayan insinuado, sin presentar pruebas, que detrás de las reyertas carcelarias habrían supuestos intereses opositores contra el Gobierno.
Para la experta, las crisis carcelarias en Brasil, Colombia y El Salvador son ejemplos de que la «mano dura» no es, por sí sola, una estrategia eficaz. Se requiere una intervención integral, remarcó.
Por ello, sugirió acelerar los programas de recategorización de reos y aplicar estrategias diferenciadas para presos considerados de alta peligrosidad.
Lo fundamental —dijo— es lograr la presencia efectiva del Estado con políticas públicas encaminadas a disminuir la pobreza, desarticular las estructuras criminales y no llenar las cárceles por delitos menores.
Fernando Arroyo León
EFE
