El pasado jueves 5 de octubre, en medio de una manifestación en la que participaron alrededor de 200 campesinos e indígenas en contra de la erradicación de cultivos de uso ilícito, fueron asesinados 6 campesinos y heridos otros 21, según lo confirmó el parte dictado por el Instituto Nacional de Medicina Legal. En los hechos ocurridos en el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco (Nariño), participaron miembros de la fuerza pública que, según las versiones de las comunidades organizadas de la zona, accionaron las armas contra los cocaleros que protestaban.
Las primeras versiones de las autoridades señalaron a las disidencias de las FARC de la columna Daniel Aldana como los responsables de la masacre. No obstante, el parte entregado por Medicina Legal, en el que documenta que los campesinos fueron asesinados con armas de largo alcance, dejó en evidencia que los verdugos de la protesta fueron los agentes de la Policía que se encontraban custodiando la erradicación de los cultivos de coca.
Lo que no coincidía con las versiones encontradas, presentadas por las autoridades, era que según el Ejército y la Policía, los campesinos fueron atacados por las disidencias de las FARC con tatucos y ráfagas de fusil, lo cual quedó completamente desmentido por el parte dado por Medicina Legal. A lo sumo, ningún miembro de la fuerza pública se reportó como herido o muerto, lo que también contradecía la versión oficial en donde se aclaraba que el Ejército y la Policía se encontraban mezclados con las comunidades, siendo víctimas también del ataque.
El vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, culpabilizó en primer momento a alias Guacho, identificado como el jefe de las disidencias de las Farc que operan en Tumaco, según la información de inteligencia de las autoridades. En palabras de Naranjo, estos reductos de la extinta guerrilla obligan a las comunidades a movilizarse en contra de la erradicación de cultivos de uso ilícito. «Llegan en camionetas lujosas, esto tiene alarmadas a las comunidades. Quiero esclarecer quiénes son estos personajes que están tratando de movilizar a las comunidades para exponerlas a estos riesgos», declaró.
Sin embargo, la versión de las organizaciones campesinas y sindicales de la coca da cuenta de otra realidad. La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), declaró como culpables a los agentes que se encontraban en la zona: «Policía Nacional, Ejército Nacional arremeten en forma desproporcionada en contra de las comunidades manifestantes en la zona del Alto Mira y Frontera, del corregimiento Llorente, de Tumaco, dejando 8 campesinos muertos».
Ante esto, surge una pregunta fundamental: ¿por qué Tumaco?
Así como lo documenta el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC[1]), Tumaco es el municipio con más número de hectáreas de coca sembradas en el país, y donde los cultivos ilícitos crecieron en un 52 % en el año 2016, pasando de 96.000 a 146.000 hectáreas sembradas.
Lo anterior se traduce en la presencia constante de grupos armados al margen de la ley, los que debido a la desmovilización de las FARC, han ido ocupando territorios abandonados por la guerrilla, ejerciendo un control sobre la comunidad que habita estas zonas. Las denuncias de presencia paramilitar en Tumaco han sido presentadas en varias ocasiones. Las amenazas y los asesinatos en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido una constante en este puerto de Nariño. También se han presentado homicidios en contra de exintegrantes de las FARC e intimidaciones de sus familiares.
La extinta guerrilla, por su parte, ha propuesto a Tumaco como zona de prueba piloto del desmonte del paramilitarismo y de la sustitución de cultivos ilícitos por productos agrícolas, pero los proyectos direccionados en ese sentido no han llegado a este municipio del Pacífico colombiano, como tampoco han llegado las garantías de seguridad y el derecho a la legítima protesta, contemplado en la Constitución Política del 91 y certificado en el Acuerdo Final de Paz.
Las presiones del Gobierno norteamericano por el aumento en la siembra de estos cultivos también han generado una reacción inmediata por parte del ejecutivo nacional y de las Fuerzas Armadas. Pareciera que el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, pactado en La Habana en el punto 4 del Acuerdo Final, estuviera siendo sustituido por el abuso de la autoridad y el ataque directo a las comunidades cultivadoras, que a falta de infraestructura y de proyectos agropecuarios en las regiones abandonadas, optan por la siembra y el procesamiento de coca como actividad económica.
Dicho plan de sustitución, pretende eliminar 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito en todo el país, sin embargo, mientras se ejecuta y se acelera, los que están siendo eliminados son los campesinos.
Más allá de la destitución de los cuatro agentes de la Policía que participaron en la masacre, lo que se necesita es que el Estado colombiano asuma la responsabilidad que le compete y no maquille más los hechos. Recordemos que uno de los pilares fundamentales del posconflicto es la verdad, a la cual no solo tienen derecho las víctimas, sino todos los colombianos. Sin tapujos y sin artimañas.
Fuentes:
[1] Por su sigla en inglés.