Bogotá, 18 de abril de 2022.- La Misión de Verificación de la ONU en Colombia pidió este lunes una investigación para esclarecer lo ocurrido en el departamento del Putumayo (sur), donde murieron 11 personas en una operación del Ejército que el Gobierno afirma que era contra disidencias de las FARC, pero que la comunidad asegura que eran lugareños e indígenas.
El organismo indicó en redes sociales que, como recientemente lo dijo el representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, «debido a la gravedad de los hechos (en el Putumayo) es fundamental que los órganos competentes avancen en investigación y esclarecimiento».
Resaltó que también «es importante la atención de familiares y heridos» que dejó esa operación militar.
El presidente colombiano, Iván Duque, informó el pasado 28 de marzo que 11 disidentes de las FARC murieron en una operación de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo (Putumayo), en la que fueron detenidas cuatro personas más, incluida una mujer embarazada.
Sin embargo, con el paso de los días han salido a la luz testimonios de familiares y miembros de la comunidad en investigaciones periodísticas publicadas en El Espectador, la Revista Cambio y el medio Vorágine que constatan que algunos de los muertos no eran guerrilleros de las disidencias de las FARC.
Organizaciones sociales han denunciado que entre los muertos están Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) El Remanso, y su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, y otras dos personas.
FALTA PRESENCIA DEL ESTADO
La misión recordó que el pasado sábado estuvo en el caserío El Remanso, lugar en donde «el pasado 28 de marzo se registraron 11 muertos, incluyendo líderes comunitarios e indígenas, en una operación militar en contra de un grupo armado».
«Este viaje permitió profundizar nuestra verificación después de visitas al municipio y escuchar a líderes», añadió la misión en su cuenta de Twitter.
Igualmente, dialogaron con autoridades indígenas y estuvieron presentes en la elección de la Junta de Acción Comunal (JAC), en tanto que la Alcaldía de Puerto Leguízamo identificó la necesidades más apremiantes de la comunidad.
Por último, la misión reitera que hay «necesidad de fortalecer presencia integral del Estado en zonas históricas de conflicto para asegurar vigencia del Estado de derecho y satisfacción de necesidades sociales».
En esas dirección reiteran que para eso se requiere la «implementación integral del acuerdo» de paz firmado en 2016 por el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC.
Eso, agrega, incluye el desarrollo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), a través del desarrollo de proyectos que contribuyan a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas.
La semana pasada la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia pidió a la Fiscalía una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido en el departamento del Putumayo.
El organismo también estuvo en la zona entre el 31 de marzo y el 2 de abril «para obtener información de primera mano sobre los hechos».
EFE
