Temuco (Chile), 18 de mayo de 2022.- Decenas de mapuches, convocados por el grupo radical de resistencia Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), se concentraron este miércoles frente a la cárcel de la ciudad meridional de Temuco para defender a sus «presos políticos», en el inicio del controvertido estado de emergencia decretado esta madrugada por el Gobierno de Chile, que ha devuelto al Ejército el control de las rutas y las carreteras en la conflictiva región «macrosur».
Según pudo constatar Efe, efectivos de del Destacamento de Montaña N°8 Tucapel, en Temuco, se movilizaron por la provincia de Cautín y unidades de los regimientos Logístico N°3 de Victoria y de Caballería N°3 Húsares lo hicieron en Malleco y Angol.
En todas ellas, el tráfico esta mañana de miércoles era fluido y “normal”, según dijeron a Efe varios de los habitantes de la zonas citadas y de grandes ciudades como Temuco.
La entrada en vigor del estado de emergencia, al que el nuevo Gobierno liderado por el progresista Gabriel Boric se oponía y al que se ha resistido buscando otras alternativas, coincidió con un gran ceremonia mapuche frente a la cárcel de Temuco en la que, en ambiente festivo pero reivindicativo, participaron destacados líderes de la comunidad.
Entre ellos, varios portavoces de la CAM, grupo que se atribuye diferentes ataques a predios, camiones y maquinaria en la región de Biobío, y lonkos (líderes comunales) como Alberto Curamil, quien en 2019 fue condecorado con el premio Goldman, que reconoce al activista ambiental más importante de Centro y Suramérica.
Los congregados celebraron una ceremonia en el parque que se extiende frente a la prisión de Temuco, en el sur de Chile, para pedir un régimen de visitas más flexible y el traslado de “los presos políticos” a una cárcel con otros miembros mapuches, en la que no estén mezclados “con los prisioneros comunes”.
«Hemos llegado aquí como organización para dar el apoyo a Daniel Canío, al preso político de la CAM que está aquí secuestrado en la cárcel por el Estado chileno, y también damos el apoyo a Luis Vásquez Tramolao, que está encarcelado en la cárcel de Angol», explicó a Efe Rafael Pichun, portavoz de la CAM.
“Como organización, damos todo el respaldo a nuestros presos políticos y todos los presos políticos que están encarcelados injustamente. Nosotros libertamos por la libertad de ellos, ese es nuestro planteamiento, por la libertad de todos los presos políticos mapuche», agregó Pichun, quien no quiso referirse al estado de emergencia.
ESTADO DE EMERGENCIA
La controvertida decisión de recuperar el estado de emergencia fue anunciada el lunes por la ministra del Interior, Izkia Siches, quien se vio obligada a justificar una medida que durante meses criticó ferozmente, y que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para tratar de apaciguar la creciente violencia en la «zona macrosur».
La propia ministra recibió advertencias violentas, en forma de disparos al aire, cuando hace dos meses viajó a la zona para entablar diálogo con estas comunidades, que reclaman el derecho a recuperar sus tierras, en manos de colonos a los que se las vendió el Gobierno hace décadas y de empresas forestales extractivas que explotan bosques milenarios en los que se han sustituido árboles nativos por eucaliptos.
LLAMADO A LAS ARMAS
El domingo, y al tiempo que el Gobierno estudiaba la opción de decretar un «estado intermedio» para no repetir las medidas que criticó a su predecesor, Hector Llaitul, uno de los líderes de la CAM, consideró que se trataba de una «nueva provocación» y llamó a alzar las armas.
«Los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu (nombre ancestral del territorio mapuche), custodiando los intereses del gran capital. Es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuches siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el Gobierno lacayo de Boric. A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía», declaró.
DÉCADAS DE LUCHA
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la «Pacificación de La Araucanía» y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales de poderosos grupos económicos.
En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios y el conflicto le ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías, de colonos y huelgas de hambre de presos indígenas.
Sebastián Silva y Javier Martín
EFE
