Medellín, Colombia, 22 mayo de 2022.- Once personas que serían responsables de garantizar el ingreso al país de extranjeros por la frontera con Ecuador y la salida hacia Panamá por las costas de Urabá fueron capturadas en las últimas horas en diferentes ciudades de Colombia.
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Entre los detenidos figuran dos mujeres, Gloria Milena Álvarez Quinchía y Viviana María Mesa Serna, la administradora y supervisora, respectivamente, del hotel de Medellín donde, al aparecer, eran alojados los migrantes. El hotel fue ocupado con fines de extinción de dominio.
La investigación adelantada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional puso en evidencia a la red de tráfico de migrantes que, al parecer, cobraba cerca de 300 dólares a cada extranjero que ingresaba ilegalmente al país por Ipiales, Nariño.
El pago incluía manutención, hospedaje en un hotel de Medellín y transporte terrestre hasta Capurganá, Chocó, donde los migrantes eran recogidos en lanchas y trasladados a Panamá para que siguieran su camino a Estados Unidos.
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Adrián Ricardo Rojo Correa y Sebastián Carmona Mejía serían los encargados de la logística, traslados, alimentación y estadía de las personas que los contactaban. Fueron capturados por ser presuntamente los articuladores principales de la actividad ilegal.
Asimismo, fueron capturadas Leidy Nataly Estrada Cifuentes y Jennifer Aurora Suaza Escudero, las compañeras sentimentales de estos dos hombres. El material de prueba da cuenta de que estarían involucradas en el cobro de los giros internacionales, los cuales, en el último año, habría ascendido a 254 millones de pesos y 46.000 dólares. Estos dineros corresponderían a pagos hechos por ciudadanos de Haití, Senegal, Cuba, Paraguay y Uruguay, entre otros países, que buscaban los servicios ilícitos de la red.
Los otros presuntos integrantes de la estructura ilegal cumplirían actividades logísticas y de transporte.
La Fiscalía, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, imputó a los detenidos los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir agravado. Todos los procesados recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad, los supuestos articuladores en centro carcelario y los demás en el lugar de residencia.
Extinción de dominio
Igualmente, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre un hotel y tres vehículos, dos de servicio público y uno particular, que estarían al servicio de la red de tráfico de migrantes.
Los bienes, avaluados en más de 2.500 millones de pesos, fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Durante la investigación, las autoridades detectaron a 50 ciudadanos extranjeros que habrían ingresado irregularmente a Colombia. Estas personas quedaron a disposición de Migración Colombia, que coordinó su retorno inmediato a los países de origen.
