Medellín, Colombia, mayo 26 de 2022- De que los hay, los hay. Estos cuatro policías fueron denunciados por estar pidiendo plata a cambio de no molestar a la ciudadanía. El salario que devengan parece que no es suficiente para ellos y algunos se las ingenian para obtener dinero extra, pero de forma ilegal.
Un primer caso se registró en la comuna 11 de Medellín. Según la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, dos agentes fueron judicializados como presuntos responsables del delito de concusión. Por esta razón, el ente investigador obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra los patrulleros de la Policía Nacional Juan Antonio Mejía Serrano y Luis Alberto Fernández Pelufo.
Estos dos uniformados le exigieron, al parecer, 10 millones de pesos a un comerciante, a cambio de no capturarlo por ser un presunto hackeador y clonador de tarjetas, hechos ocurridos el 5 de mayo de 2021.
Poco antes de ser abordado por los patrulleros, la víctima habría hecho retiros por una cuantía superior a los 30 millones de pesos en cajeros electrónicos del barrio Laureles de Medellín. Enterados del hecho, uno de los implicados se habría subido junto con la víctima al vehículo, donde habría hecho la exigencia económica ilícita; mientras el otro policial seguía el automotor en una motocicleta oficial.
La defensa de los procesados apeló la decisión de primera instancia ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín.
También en San Antonio de Prado
Los patrulleros Gleimer José Ballesteros y Andrés Camilo Arredondo Soñett le habrían exigido a un hombre el pago de dos millones de pesos por devolverle una moto que ellos mismos le habían inmovilizado de manera arbitraria tres días antes en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín.
A estos agentes un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública les imputó el delito de concusión por los mencionados hechos, ocurridos el 3 de marzo pasado.
Un juez de control de garantías de Medellín les dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad por los hechos de corrupción, decisión que fue apelada por la Fiscalía.
